- Cualquier persona que compre ENEL está sujeta a que la Corte anule la transacción, dice diputado sandinista
- Dos empresas de energía serían privatizadas el 12 de septiembre
Noel Hernández Ramos [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la decisión de privatizar o no la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), una vez que resuelva dos recursos por inconstitucionalidad sometidos a su conocimiento desde inicios de este año.
El anuncio fue comunicado oficialmente al secretario ejecutivo del comité de privatización Abdel Karim, a pocos días que se privaticen las dos empresas de distribución de energía (Disnorte y Dissur) el próximo 12 de septiembre.
El siete de febrero de este año la bacanda sandinista introdujo un recurso por inconstitucionalidad contra el Presidente Arnoldo Alemán, por la promulgación y publicación del decreto 128-99 “Reforma al decreto 42-98”.
Una semana después los trabajadores también recurrieron a este poder del Estado con un recurso similar para atacar el mismo decreto. Este recurso fue admitido por la CSJ, según informó el magistrado Francisco Rosales, miembro de la sala.
En la carta enviada por la CGR se establece que “el proceso de privatización de ENEL está sujeto, estricta y absolutamente, a lo que resuelvan las sentencias que dictaren en los recursos por inconstitucionalidad que se encuentran pendientes, ante la honorable CSJ, para la seguridad jurídica del Estado, la seguridad de los inversionistas y las responsabilidades en la que pudieran incurrir los servidores públicos”.
Edwin Castro, representante de la bancada sandinista, expresó que el decreto 128-99 no establece que se pueda iniciar el proceso de privatización de ENEL, porque su función es definir la segmentación que tendrá para fines de privatización. “Nuestro planteamiento es que si se quiere privatizar tiene que crearse una Ley especial. La forma de privatización tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional”, sostuvo.
Según Castro, cualquier persona que compre ENEL está sujeta a que la CSJ diga lo contrario, pero en las condiciones actuales el inversionista público puede demandar al Estado por engaño al incurrir en costos para meterse a licitar.
Oscar Carrión, presidente de la Federación de Trabajadores de la Energía (Festen), manifestó que la venta de ENEL debe ser sobre la lógica de una Ley específica, destinada a privatizar el sector eléctrico y debe estar aprobada por la Asamblea Nacional.
VENTA AL MARGEN DEL PODER LEGISLATIVO
– Según los demandantes el decreto presidencial 128-99 pretende vender un patrimonio del Estado nicaragüense al margen de la aprobación de la Asamblea Nacional.
– Este decreto es una reforma al decreto 42-98 que junto con el decreto 116-99 componen la reglamentación de la Ley 272 “Ley de Industria Eléctrica”, la cual no faculta al presidente de la República a privatizar ENEL mediante un decreto.
– LA PRENSA consultó con las autoridades de ENEL sobre este tema, pero el vocero Adolfo Díaz expresó que hasta hoy los funcionarios de la empresa podrán dar declaraciones.
