Roberto Porta-Córdoba
En 1999, con la participación de los tres subsistemas educativos del país, de notables educadores de Nicaragua y de representantes de ONG y organizaciones magisteriales, se elaboró la primera versión del Plan Nacional de Educación para identificar la problemática educativa del país y elaborar una estrategia para su transformación. A inicios del presente año, el doctor Silvio De Franco, prominente educador nacional, fue contratado por el Comité Técnico del Plan para evaluar el trabajo realizado y proponer acciones para su eventual adopción. Los resultados de su evaluación confirmaron el elogiable grado de consenso alcanzado por los sectores involucrados, pero también revelaron que el Plan, en su forma actual, no era más que una detallada colección de buenas intenciones. Se necesitaban dos cosas: sólido financiamiento y una visión más pragmática y secuencial del procedimiento.
Para resolver parcialmente el factor del financiamiento, se obtuvo la colaboración de organismos que ya apoyaban a sectores específicos del sistema, como el Banco Mundial, AID, UNESCO y otros. Para hacer del Plan un documento más aplicable, se efectuó una segunda serie de consultas y análisis más específicos que produjeron una versión más realista y ordenada.
La nueva versión del Plan fortalece la pertinencia de la educación y para ello traza varias estrategias, entre ellas: 1. La reestructuración del currículum a todos los niveles, 2. La adecuación del aprendizaje y el calendario escolar al entorno rural, 3. El contenido técnico de las materias que permita salidas laterales en el proceso (¿qué opciones académicas tiene un joven de secundaria que tiene inclinación hacia la metalurgia o la carpintería?).
Nosotros recordamos la diversificación del bachillerato a partir del ciclo básico, cuando estábamos en secundaria, y nunca se nos ofreció verdaderas materias electivas que nos permitieran alcanzar un bachillerato técnico o clásico, de acuerdo a nuestras necesidades o vocación. Quizás esto tenga que ver con nuestro entorno social, en el cual, ser técnico superior no conlleva el mismo prestigio que ser licenciado, ser licenciado no conlleva el mismo prestigio que ser máster y ser máster no conlleva el mismo prestigio que ser doctor. Estos títulos se han convertido casi en apéndices de nuestros nombres y su uso se ha extendido por todas partes, como irónicamente se puede comprobar en las páginas iniciales del Plan, donde se presenta a los miembros de los comités que participaron en su elaboración.
El Plan también enfoca con más claridad la falta de equidad en el gasto por estudiante de cada subsistema. Mientras el Estado invierte 813 córdobas al año en un estudiante de primaria, le toca invertir 8,445 córdobas al año en un universitario, lo que equivale a un 938% más. Sin embargo, las escuelas primarias egresan un 29% de sus estudiantes, mientras que las universidades egresan un 37%, lo que equivale solamente a un 8% más. ¿Es que las escuelas primarias son 930% más eficientes que las universidades, o significa que el costo de mantenimiento de los recintos, equipamiento, docentes y personal de las universidades estatales es 930% más caro?
El artículo 119 de nuestra Constitución establece que la educación es una función indeclinable del Estado. Hay quienes opinan que la educación es más bien una función indeclinable de la familia. Si bien es cierto que esta opinión es consecuente con la filosofía progresista de que los individuos debemos forjar nuestros propios destinos sin depender de un Gobierno paternalista, y aunque la familia es vital en el desarrollo de todas las facetas del ser humano, no podemos ignorar que en países subdesarrollados como el nuestro muchos niños no cuentan con el apoyo económico de sus familiares, o peor aún, no cuentan con una familia. La educación, al igual que la salud, es una obligación que el Estado debe asumir de una forma eficiente, hasta que el desarrollo de la nación lo exima de esta responsabilidad social.
El actual Plan Nacional de Educación constituye una versión mejorada que requerirá de una evaluación permanente y de un compromiso real de parte de los tres subsistemas y del Consejo Nacional de Educación, organismo que tarde o temprano tendrá que contar con un apoyo económico más amplio y estable del Estado. Los involucrados han dado muestras de no desear que este Plan sea otro proyecto que se disipe con el tiempo. Ojalá que los beneficiarios participen más activamente en su implantación gradual y que todos recordemos que sin una educación coherente el desarrollo de una nación es una misión imposible.
El autor es funcionario de la Vicepresidencia de la República
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