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El Consejo Directivo de la Contraloría redujo la Dirección General de Probidad, encargada de monitorear las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios públicos, bajo el argumento administrativo de que en esa dependencia hay supernumerarios.
De acuerdo al presidente del consejo superior de la CGR Guillermo Argüello Poessy, la decisión tomada hace dos semanas respondió a la inactividad de esa Dirección General, como consecuencia de los vacíos que existen en las actuales legislaciones alrededor del enriquecimiento ilícito.
“Creemos que habían demasiadas personas en la Dirección de Probidad. ¿Resultados en todos los años que tiene de existir?: Cero. Esas son las razones de esta decisión”, subrayó.
La decisión de los directivos de la CGR obligó a reducir una Dirección General de 16 funcionarios, encargada de dos subdirecciones específicas; a una sola subdirección específica de apenas cuatro funcionarios que sólo recibirán las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos, sin el proceso de verificación y constatación de lo declarado.
A juicio de Argüello, el proceso de verificación no es un mecanismo riguroso en las facultades de la CGR, debido a que el enriquecimiento ilícito todavía no es una figura delictiva, situación que deja sin sentido a las funciones que debería desempeñar la Dirección de Probidad.
“La ley actual no permite ningún tipo de sanciones para el enriquecimiento ilícito, sino analicemos. ¿Qué se ha sacado de esa oficina de probidad? ¿Dónde están los resultados de esas gestiones? No hay nada. De manera que vamos a esperar que haya una nueva ley y después reorganizamos la oficina”, agregó.
Como parte de la reestructuración, el consejo directivo resolvió el despido de la directora de registro y control de la CGR, además de la reubicación del resto de funcionarios en otras áreas específicas.
CORDOBA: “LEY INÚTIL”
Para el ex directivo de la Dirección General de Probidad, Rafael Córdoba, la reducción del personal no sólo cercena las funciones de la Contraloría en esta área, sino que además contradice los objetivos de la nueva Ley de Probidad, presentada dos meses atrás ante la Asamblea Nacional.
“En resumen, se manda un buen proyecto de ley, pero por otro lado disuelven la dirección que iba a administrar esta ley. Es verdad que no hay enriquecimiento ilícito para poder acusar a alguien, pero cuando un funcionario rinde su declaración y no incluye una propiedad que adquirió, le puede caer una sanción de seis meses de salario. No es que la Dirección sea inservible”, refutó Córdoba.
Según el ex funcionario, esta decisión ocasionaría que las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios municipales salientes, no sean verificadas por la subdirección de registro y control en el proceso del plan para el traslado de gobiernos locales.
