- La próxima entrada en vigencia del Tratado de Extradición entre Nicaragua y España, brindará la seguridad a la sociedad nicaragüense de que nuestro territorio no será el refugio de terroristas, como en el pasado
Avil Ramírez
La banda terrorista eta (euskadi ta askatasuna) nacida a finales de 1958 y promovida por sectores del nacionalismo vasco que acusaban al Partido Nacionalista Vasco de pasivo frente al franquismo y a las instituciones derrotadas en la Guerra Civil de 1936, ha recrudecido su criminal accionar frente al pueblo español que en zozobra vive una larga historia de luto iniciada el 28 de junio de 1960, con el asesinato de la niña Begoña Urroz Ibarrola en una estación de tren en San Sebastián; de las casi 1,000 víctimas mortales del terrorismo etarra a lo largo de 40 años, un 42 % han sido civiles.
Las reivindicaciones que aducen los dirigentes terroristas son desvirtuadas por al amplio grado de autonomía que se les ha brindado; el País Vasco (o Euskadi) tiene un marco de autogobierno superior al de cualquiera otra región europea, incluidos los “lander” alemanes; existe un Parlamento y un gobierno elegidos democráticamente, con amplias competencias políticas y administrativas. Este sistema, ha sido respaldado a través del voto mayoritario de los ciudadanos y de los partidos opuestos a la violencia, comprometidos con el marco legal y con el concepto de una nación española integral, desconocido por la organización terrorista ETA.
En el diario vasco Gara, en noviembre de 1999 se anunciaba el fin de la tregua y el reinicio de las acciones criminales, anunciándose: “ETA ha tomado la decisión de reactivar la lucha armada respondiendo al compromiso tomado en defensa de Esucal Herria”. Valiente “lucha armada” de los terroristas que amparados en las prácticas más cobardes de cualquier supuesta emancipación asesinan indiscriminadamente, llenando de dolor a la familia española, que se pronuncia con hidalguía gritando: ¡Basta Ya¡
La narración de Teresa Díaz, del Comité de Víctimas del Terrorismo, es un reflejo de la angustia permanente: “Vivo en una ciudad ensangrentada en donde los ciudadanos caminan con caras circunspectas y serias y en donde el ambiente que se respira es de tristeza y miedo. Casi en cada barrio de mi ciudad se ha cometido un asesinato y por las aceras y en los escaparates de algunas tiendas, aunque ya borradas, me parece ver manchas de sangre, los agujeros de bala que con cada nuevo crimen parecen reaparecer”.
En ese triste escenario que nos narra esta víctima del terrorismo, vienen los recuerdos del refugio que nuestro país fuera en los años de gobierno del Frente Sandinista para terroristas extranjeros; recordamos como ejemplo, el caso del italiano Alessio Casimirri, acusado de participar en el asesinato del ex Primer Ministro Aldo Moro y que se ampara actualmente en la piñata de nacionalidades propiciada por los sandinistas al perder las elecciones, para gerenciar un restaurante en Managua.
Con la paulatina democratización del Estado nicaragüense a partir de 1990, ha sido necesario ir ajustando y actualizando nuestro derecho positivo y suscribiendo instrumentos jurídicos internacionales, como parte del proceso de modernización de nuestras instituciones. En un mundo globalizado, donde quienes han violado los derechos humanos son ahora apresados en otros países y en una realidad que induce a abortar viajes de quienes se sienten culpables por delitos cometidos, el terrorismo es -al igual que los crímenes de lesa humanidad-, una esfera donde la cooperación internacional en materia jurídica entre los Estados debe ser un asunto permanente en las relaciones bilaterales.
Amnistía Internacional ha anunciado recientemente en un documento que ha publicado sobre el proceso de pacificación del País Vasco, su postura contraria a la prescripción de cualquier delito de terrorismo. Además, los principales Tribunales Internacionales contemplan los actos de terrorismo como “crímenes contra la humanidad” lo que, como mencionaba anteriormente, en un mundo globalizado, debe permitir una colaboración estrecha entre gobiernos y pueblos hermanos, como España y Nicaragua.
Nicaragua no debía ser la excepción. La próxima entrada en vigencia del Tratado de Extradición entre Nicaragua y España, es precisamente, una de las acciones que en materia de cooperación jurídica internacional brindará la seguridad a la sociedad nicaragüense,de que nuestro territorio no será el refugio de terroristas –como en el pasado- y que existirá la normativa jurídica que permita la extradición de esos seres despreciables que han enlutado al noble pueblo español.
Nuestro país se une de esa forma, a las naciones modernas que han comprendido la importancia de prestar la colaboración en materia jurídica necesaria para ir cercando y cerrando espacios a los que a través de la intimidación, el odio y la muerte pretenden arrebatar lo que les está vedado por imperio de la ley, la justicia y la razón.
* El autor es abogado, Director General de Europa, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
