Carlos Alberto Montaner
Cuando el barril de petróleo es-taba en torno a los treinta dólares, el Presidente Hugo Chávez declaró que ése era el precio justo del combustible. Luego subió a treinta y dos: ¿piensa devolver la cantidad injustamente cobrada a los países importadores? ¿Batallará dentro del seno de la OPEP para que les reembolsen a las naciones compradoras el precio cobrado en exceso? Eso sería lo razonable. Los caballeros o los países no se quedan con dineros mal habidos.
Hay otra solución. ¿Por qué no declarar que el «precio justo» del petróleo es cincuenta dólares? ¿O trescientos? Durante muchos años el barril de petróleo costaba dos dólares en el mercado internacional. En la década de los setenta saltó a casi diez. Para el presidente venezolano, treinta parece ser hoy un precio razonable. ¿Por qué? Es una cuenta sencilla: esa suma le genera a su país la cantidad de dinero que los burócratas necesitan para seguir administrando el Estado disparatada e ineficientemente. Con estos veintitantos mil millones de dólares que ingresará la hacienda venezolana será posible –por ahora– sostener el modelo clientelista-mercantilista que esa sociedad ha padecido durante muchas décadas. Naturalmente, como ha sucedido en el pasado, una parte sustancial de ese volumen de recursos será empleada en consumo, no en inversiones productivas, y en un aumento notable del sector público, que verá multiplicarse los gastos corrientes de manera exponencial. ¿Resultado? Dentro de poco tiempo, para sostener ese insaciable aparato, el «precio justo» del petróleo deberá ser mucho más alto. ¿Cuánto? Tanto como requiera la derrochadora maquinaria estatal. Esa es exactamente la definición chavista del precio justo: la suma que se necesite para pagar las torpezas y corrupciones de su gigantesca burocracia, las necesidades de sus clientes políticos, los intereses de los cortesanos que medran a la sombra del poder y sus fantasías revolucionarias.
Supongamos que se acepta la lógica económica del chavismo y las naciones desarrolladas deciden adjudicarles a las cosas un precio lo suficientemente alto como para costear sus crecientes necesidades, incluidas las carísimas aventuras del espacio y las fuerzas armadas. Estados Unidos y el resto de los miembros del G-7, por ejemplo, afinan sus presupuestos y resuelven incrementar el precio de la comida, de las medicinas y de las maquinarias en la misma proporción en que los socios la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en pocos meses y arbitrariamente multiplicaron por tres el precio del barril de combustible. ¿No hay acaso un cartel petrolero? ¿Por qué no uno de aviones, computadoras o de escaners médicos? Es muy sencillo: al precio asignado por la empresa productora se le añade una jugosa prima que irá a parar a la nación donde radique el vendedor. Y dado que el dinero es uno de los bienes que abundan en el Primer Mundo y escasean en el Tercero, ¿por qué no crear un cartel financiero que cobre intereses en función de las necesidades presupuestarias de la nación prestamista? En ese caso, cuando Venezuela o Nigeria requieran un préstamo, se les cobra una prima extraordinaria de acuerdo con las necesidades de la nación que aporta los recursos.
Es curioso que los enemigos del mercado casi siempre se disfracen con el ropaje de amigos de los desposeídos, cuando sucede exactamente lo opuesto: son ellos, con sus manipulaciones, quienes empobrecen de una manera terrible a los más necesitados. Y si algún ejemplo resulta clarísimo es el de esta última extorsión de la OPEP. Quienes más dolorosamente sufren estos arbitrarios despojos son los pueblos más pobres. Toda Centroamérica, República Dominicana, Cuba y Haití, las naciones más miserables del Hemisferio, son las que ahora deben pechar con una factura tres veces mayor que la de hace apenas veinte meses. ¿Y de dónde salen esos recursos? Por supuesto, de las escuelas, los hospitales y del precario mantenimiento de las infraestructuras nacionales. La OPEP les costará bastante más que el huracán Mitch. Suiza o Estados Unidos pueden pagar sin problemas treinta dólares por el barril de petróleo. Más aún: una buena parte del dinero que hoy va a la tesorería general de los países miembros de la OPEP, suele acabar en los circuitos financieros del Primer Mundo. A las naciones pobres, en cambio, sólo les tocan las desdichas. Para Honduras, Nicaragua o Costa Rica este aumento es una verdadera tragedia.
Es obvio que el único precio justo éticamente aceptable es el que se deriva del mercado y de la libre competencia. Todo lo demás es atraco y demagogia. La OPEP, como todos los carteles, constituye una inmoralidad totalmente incompatible con las reglas vigentes en el mundo del comercio internacional contemporáneo. ¿No recogen casi todos los códigos penales una figura delictiva que describe como fraude la confabulación para fijar arbitrariamente el precio de las cosas? Carece de sentido acusar penalmente a dos industriales o a dos banqueros que se reúnen en un restaurante para acordar el precio de los bienes y servicios que producen (como sucede todos los días en los tribunales del Primer Mundo), y simultáneamente aceptar que los jefes de Estado de una docena de naciones productoras de petróleo (o de café, o de bananos) se junten para hacer exactamente lo mismo, vulnerando con ello las normas de la Organización Mundial del Comercio a la que todas pertenecen. Es hora de que las víctimas de estos delitos se organicen. Es hora de que los consumidores se rebelen contra estos ladrones de cuello blanco, corazón rojo y conciencia negra.
