La reacción que el alto mando del Ejército de Nicaragua tuvo a las denuncias que hiciera el Secretario General del Frente Sandinista, Daniel Ortega, en el sentido de que el Banco de Finanzas sería intervenido por la Superintendencia de Bancos, sólo se explica en consideración a los intereses económicos que la institución castrense tiene en ese Banco a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Eso fue lo que motivó que el viernes 11 de agosto recién pasado, el Jefe del Ejército, General Javier Carrión, tuviera un enfrentamiento verbal con el Presidente Arnoldo Alemán exigiéndole una respuesta sobre la posible intervención en el mencionado banco.
El Ejército ha dicho que su preocupación en el caso fue por la posibilidad de un pánico financiero que pudiera afectar la seguridad nacional. Sin embargo, es un hecho reconocido por el mismo general Carrión, que el IPSM tiene invertidos en el Banco de Finanzas, 8 de los 20 millones de dólares que conforman su patrimonio. El resto, según él, están colocados en varias compañías norteamericanas y son manejados por profesionales financieros internacionales. No puede, en consecuencia, ponerse en duda que los intereses financieros del Ejército tuvieron necesariamente que influenciar su posición en ese caso.
El Ejército de Nicaragua, a pesar de ser una institución del Estado nicaragüense, se diferencia de otras entidades estatales por el hecho de tener un cierto grado de independencia financiera. Sus inversiones en empresas nacionales y extranjeras le generan substanciales ingresos adicionales a los más de 306 millones de córdobas que le provee el Estado a través del Presupuesto General de la República. Esos ingresos adicionales son usados para, entre otros propósitos, alimentar sus fondos de retiro y de pensiones, ya que, como es sabido, los militares tienen un régimen especial de seguridad social diferente al de los demás empleados estatales. El ahora general retirado, Joaquín Cuadra, cuando todavía era Jefe del Ejército, en 1996, justificaba tal diferencia -y por ende la existencia del IPSM- en base a “las condiciones especiales que caracterizan la actividad profesional de los militares y los riesgos específicos que conlleva…” Lo cierto es que el Ejército, al no confiar en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), prefirió contar con su propio sistema de seguridad social que, de hecho, le otorga ribetes de casta privilegiada con respecto a los demás empleados públicos.
El IPSM es parte integrante de la Ley No. 181 que creó el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, conocida popularmente como Ley Militar, y que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de agosto de 1994, después de un prolongado y controversial debate público que duró varios meses. Dicha ley fue refrendada por la Presidencia de la República el 2 de septiembre de ese mismo año.
Antes de ser aprobada dicha ley, hubo una fuerte oposición intelectual y popular en contra de que al Ejército se le permitiera tener independencia financiera, y se proponía que no tuviera otra fuente de ingresos más que la que proviene del Presupuesto General de la República. Esa posición nos parece la adecuada, porque no hay ninguna razón que justifique la necesidad de un ejército empresario. Sin embargo, prevaleció la pretensión del Ejército, se creó el IPSM, y se capitalizó con el producto de la venta de unos helicópteros militares al Perú y otros equipos bélicos al Ecuador.
No cabe duda de que la aprobación de la Ley Militar de 1994 significó un avance sobre la legislación militar anterior, pero tiene la gran falla de que convierte al Ejército en empresario, lo que, como vimos recientemente, propicia que la institución armada actúe motivada por intereses económicos particulares que pueden ser altamente peligrosos para la preservación de la institucionalidad del país.
De hecho los militares han dejado entrever con claridad meridiana, que la defensa de sus intereses patrimoniales es prioritaria. De manera que si queremos dotar al país de una institucionalidad adecuada, sería conveniente reformar la Ley Militar en ese aspecto.
