Las declaraciones que el Procurador General de Justicia, doctor Julio Centeno Gómez, brindó el martes pasado a los medios de comunicación después de una reunión que sostuvo con un grupo de productores cafetaleros, pusieron de manifiesto la total politización de esa institución del Estado. Los productores llegaron a demandar la suspensión de la acción penal que la Procuraduría inició en contra de los hermanos Centeno Roque, directivos de Agresami, después que la Superintendencia de Bancos interviniera el Banco Intercontinental S.A., conocido como Interbank, el lunes 7 de agosto, por supuestos delitos cometidos por este Banco junto con Agresami.
Actuando como político en campaña, y no como Procurador General de Justicia, el doctor Centeno Gómez manifestó ver “con simpatía” las peticiones de los caficultores, agregando que, “a pesar que en materia penal las cosas son difíciles, cuando hay buena voluntad todo es posible”, y que por lo tanto conversaría con la subprocuradora penal para que le rinda un informe de lo actuado y poder ver la posibilidad de acceder a la petición de los productores. Reafirmando su rol politiquero, el doctor Centeno Gómez insistió en que la simpatía era, no hacia los hermanos Centeno Roque, sino hacia “la parte más activa, el músculo, los productores”.
Esta nueva posición del señor procurador contrasta radicalmente con sus vehementes declaraciones que siguieron a la intervención del Interbank, y a lo que afirmó en una carta que publicó en forma de artículo en LA PRENSA del domingo pasado. En ese artículo el procurador trata de justificar su actuación en el caso del problema bancario afirmando que “un gran sector del pueblo de Nicaragua… ha sido perjudicado patrimonialmente…” y que por imperativo legal debe ser defendido por la institución que él preside. Sin embargo, ahora parece que su “simpatía” hacia los productores ha borrado como por arte de magia tal perjuicio patrimonial. ¿O es que acaso éste no ha existido nunca?
El perjuicio patrimonial al cual se refiere el procurador en este caso, sólo puede significar que en el Interbank hay pérdidas que el pueblo nicaragüense tendrá que pagar. Eso, después de todo, es lo que en realidad ha querido decir el Gobierno a través del doctor Noel Ramírez, Presidente del Banco Central, cuando en la conferencia de prensa del lunes 7 de agosto dijo que los depósitos en el Interbank, por ser garantizados por el Estado, “son en estos momentos los más seguros del sistema financieros”. Ese mismo día el Presidente Alemán también afirmó que el gobierno “a esos ahorrantes les va a garantizar sus depósitos”. Resulta evidente que si hay pérdidas en el banco intervenido, y los depositantes tienen seguro su dinero, alguien tendrá que pagar las pérdidas y este alguien no podría ser más que el pueblo en general.
Cabe entonces la pregunta: ¿existe en realidad una pérdida en el Interbank como sugiere el procurador? Para que esa pérdida exista y afecte a la población en general, se requieren tres condiciones: primero, que se haya determinado que Agresami no tiene capacidad de pago y que se haya decidido liquidar las garantías para recuperar los préstamos; segundo, que se hayan valorado las garantías que cubren los préstamos de Agresami, y que se haya concluido que ellas tienen un valor de realización inferior al valor de los adeudos de Agresami con Interbank; y tercero, que el capital y reservas del Banco sea inferior al monto por el cual el valor de los préstamos excede al valor de las garantías concedidas. Sólo entonces es que existiría el perjuicio patrimonial de la ciudadanía al cual se refiere el Procurador General de Justicia.
Y si esas pérdidas existieran y hubiesen sido ocasionadas por delitos de orden público perseguibles de oficio, no hay simpatía del mundo que pueda hacer que el procurador abandone la vía penal. Las declaraciones politiqueras del señor Centeno Gómez son totalmente impropias, antijurídicas y fuera de lugar, y no hacen más que evidenciar la progresiva politización y desnaturalización de las instituciones estatales.
