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El temor a ser despedido regresó a la Contraloría General de la República, puesto que la semana pasada fueron cesanteados varios directores y asesores jurídicos y se planea “reestructurar” la Dirección de Probidad, donde laboran 16 profesionales.
Desde que los contralores colegiados asumieron el ente fiscalizador, han sido despedidos 35 profesionales, sobre todo cargos de confianza del ex contralor social cristiano Agustín Jarquín Anaya.
Los despidos de la semana pasada afectaron a Edmundo Quintanilla, médico de la Clínica de la Contraloría; Enrique Delgado, director de estudios económicos; Hilda González, directora de capacitación; Carlos Tellería, asistente de capacitación; Gustavo Adolfo Vargas y Luisa Idalia Téllez Vado (asesores jurídicos), y Rosa Matus, auditora.
Vargas, fue el asesor jurídico que catalogó de “diminuta e insuficiente” las indagaciones de la Contraloría en el caso de los checazos.
Argüello Poessy negó que se trate de una barrida política para colocar cuadros liberales, sino de una reestructuración para mejorar la labor del ente fiscalizador.
“No hay persecución política”, aseveró Argüello Poessy, quien cuestionó la existencia de 16 verificadores de declaraciones de probidad porque aunque se demuestre el aumento del patrimonio en un funcionario público durante el ejercicio del cargo, el hecho no está penado por la Ley.
