Sergio J. Cuarezma
La víctima, después de ser objeto de un delito, se siente furiosa, asustada, indefensa, humillada, frustrada y carente de información. Y su participación y cooperación es indispensable para que la justicia penal funcione adecuadamente y sea eficiente. Sin esa participación activa serán muy pocos los victimarios que responderán de sus crímenes ante los juzgados y los tribunales de justicia. Por tal razón, el sistema de justicia debe dirigir sus energías a lograr que la víctima de un delito sienta confianza, creando las condiciones no sólo formales sino materiales e institucionales para que la misma se sienta respetada y protegida.
En la mayoría de los casos, las víctimas de delitos viven sin protección alguna, vulnerables a amenaza, intimidación y violencia por parte de los cómplices, amigos y familiares y del propio delincuente. La vulnerabilidad de la víctima se complica en los casos en que los delincuentes permanecen libres sin posibilidad de ser arrestados, y cuando lo están retornan rápidamente a la libertad, amparados en los beneficios de la fianza, suspensión de la ejecución de la sentencia o libertad condicional, entre otros.
Ante esta situación, no es infrecuente que las víctimas, bajo cualquier pretexto, rehúsen comparecer ante la policía, los juzgados y tribunales para denunciar o acusar a sus victimarios. El temor profundo por la seguridad personal y de su familia puede más que la responsabilidad de contribuir a la justicia. En esta situación, la sociedad nicaragüense se ve imposibilitada que a los delincuentes se les procese y, de ser responsables del hecho, castigue. La ley y la justicia se frustran, pero la frustración en la víctima es, sin duda, mayor.
Todo ello, sin contar los casos donde el delincuente tiene poder o acceso al poder, y posee amplios recursos económicos, que sirven para atemorizar y eventualmente garantizar el silencio de su víctima. En esta situación, la víctima está sola. El Estado y la sociedad deben de protegerla, la víctima sola pocas cosas puede hacer, sería pedirle un mayor sacrificio o una acción heroica, casi siempre inútil.
La víctima en una justicia penal democrática debería ser la principal protagonista, sin embargo, actualmente es, en palabras de Nils Christie, un “personaje olvidado”. Debe trabajarse pues a favor de los “derechos de la víctima” para garantizarle, bajo un Estado de Derecho, respeto, tutela y, sobre todo, compañía, que sepa que no está sola en su drama. Un sistema de justicia penal que no guarda un equilibrio en cuanto a la protección de los derechos y garantías del acusado y de la debida protección a las víctimas de delito, además de no ser democrático, es ineficaz y condenado al fracaso. Este equilibrio es la piedra angular de la justicia penal.
Para lograr el equilibrio entre los derechos del acusado y de la víctima el Estado y la sociedad deben de satisfacer tres necesidades básicas: 1) Respetar su dignidad; 2) Protegerlas y, 3) Consultarlas. En este sentido, debería ser política pública del Estado nicaragüense proveer protección y asistencia a las víctimas de delitos en los procesos judiciales que se desarrollen en los juzgados o tribunales, durante las investigaciones que se realicen para promover su cooperación, participación y necesidades en dichos procesos.
Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
