- Acusaciones de alteración del texto de una ley que impone nuevos impuestos de consumo
RICARDO MIRANDA/APGUATEMALA
El ex presidente de facto, general Efraín Ríos Montt, corre el riesgo de perder su puesto actual como presidente del Congreso. Y esto no se debe a las violaciones de derechos humanos que se le sindican, sino por una supuesta ilegalidad legislativa.
De comprobarse que la Junta Directiva del parlamento, que él dirige, incurrió en falsedad material e ideológica al alterar una ley sancionada por el ejecutivo, Ríos Montt perdería su inmunidad parlamentaria y enfrentaría un proceso legal.
Ríos Montt gobernó de facto y con mano de hierro a Guatemala entre 1982 y 1983. En ese período, según un reporte de Naciones Unidas revelado en 1999, se cometieron cerca del 80 por ciento de violaciones a los derechos humanos en 36 años de guerra interna.
El 27 de junio pasado, luego de una maratónica sesión, el Congreso aprobó una ley que imponía nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas, destiladas y gaseosas. La sorpresa fue que al ser sancionada la ley y publicada en el diario oficial, las tarifas impositivas fueron cambiadas.
“Habíamos acordado imponer 20% de impuesto a las bebidas alcohólicas destiladas, y 10 por ciento a las gaseosas. La ley publicada aparece con 10% para las alcohólicas y 20 a las gaseosas”, explicó a la AP Anabella de León, de la bancada opositora Unionistas.
Luego de la publicación pasaron algunas semanas para que se señalara la diferencia, pero cuando se hizo, Ríos Montt aseguró que no hubo cambios y que esa ley era la que habían aprobado los 120 diputados al Congreso.
Cuando la oposición buscó pruebas, como las cintas magnetofónicas, de vídeo y las copias taquigráficas de la sesión, éstas habían desaparecido.
“Los casetes, los vídeos se borran para poder grabar otras cosas en ellos, las nuevas sesiones, igual pasa con las cintas taquigráficas”, dijo Leonel Soto Arango, vicepresidente del Congreso por el Frente Republicano Guatemalteco, partido fundado por Ríos Montt.
Tales explicaciones no fueron suficientes para la oposición, que solicitó a la Fiscalía que investigue el caso. Así, esta semana fue nombrado el fiscal Ramón Sáenz, quien debe encontrar las pruebas de la ilegalidad del General.
Ríos Montt se niega a discutir el tema con periodistas.
