Emilio Alvarez
Lo más dinámico y a la vez frágil en la práctica política suele ser una transición, pues opera sobre un tejido social endeble y en un campo minado de sorpresas. No obstante, cada transición tiene detalles diferentes aunque todas llegan a una encrucijada. O bien se pretenda regresar a los errores pasados, como intentó sin éxito Tejeros en España o bien se crean instituciones democráticas como logró Suárez con los Pactos de la Moncloa y recientemente Ernesto Zedillo en México con el IFE.
En el caso de Nicaragua su transición ha sido muy accidentada. En su primer tramo (1990-1996) logró el gobierno sobrevivir a la inestabilidad provocada por propios y extraños, porque hubo respeto a la legitimidad del nuevo régimen democrático, a que obtuvo la cooperación de mediador del Cardenal Obando y desde luego a la ayuda externa. En todo caso, además de la paz el logro fundamental de la Presidente Chamorro fue echar las bases para que ejercito y policía iniciasen su profesionalización, apartados del caudillismo fundador.
Por otra parte, el gobierno electo en 1997 sufrió de nuevo la subversión del partido derrotado, patrocinando actos violentos como interrumpir el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional, cuando era indispensable aprobar leyes y Convenios urgentes. Pese a ese clima de agitación se mantuvo las libertades públicas, surgiendo un fuerte dinamismo en la Presidencia de la República en la construcción de obras públicas, aumentos de las rentas fiscales, captación de significativos niveles de ayuda externa, cese de bandas armadas e inicio de inversión privada nacional y extranjera.
No obstante el gobierno central permanecía inseguro por las asonadas del FSLN temiendo caer en la ingobernabilidad. Decidió entonces neutralizarlo negociando una entente con aquél. Si bien el objetivo era razonable no lo fueron los alcances ni los procedimientos empleados pues el arreglo no fue de estadistas sino consistió en apoderarse los pactantes del control de los Poderes del Estado en beneficio partidarista.
El resultado fue dañar la autonomía de aquéllos, limitar gravemente con las reformas electorales la competividad política y facilitar la impunidad de funcionarios transgresores de la ley. Ello hizo descender la confianza en el gobierno y que la comunidad donante mantenga un juicio suspendido sobre la transparencia y gobernabilidad en Nicaragua. Como se esperaba, el Pacto terminó politizando todas las dependencias del Estado; la Contraloría Colegiada no investigó a profundidad graves delitos administrativos y penales de funcionarios públicos; la C.S.J. no falla recursos de inconstitucionalidad, retardando la justicia. Finalmente el C.S.E. actúa como caja de resonancia de los intereses de las nuevas paralelas.
Es significativo que aunque el gobierno siga inaugurando compulsivamente obras públicas su popularidad se deteriora. Por lo demás, la disidencia opositora sigue desunida e ineficaz para convertirse en alternativa, creando un vacío peligroso, ya que la miseria se incrementa y las pasiones políticas aumentan. Si la ayuda internacional bajase la efectividad del gobierno disminuiría y asimismo su legítimidad. En resumen el proceso de democratización de Nicaragua se halla congelado y en peligro de malograrse.
El autor es politólogo.
