Nos parece razonable la opinión de quienes dicen que la poca asistencia de ciudadanos a la verificación electoral, no significa necesariamente el anticipo de una abstención masiva en los comicios municipales del 5 de noviembre.
En realidad, la rala participación durante los tres días que duró la verificación electoral se debió a diversos factores: desorganización, falta de información del para qué de la verificación, desinterés de los partidos políticos y, por supuesto, la mala imagen pública de las autoridades electorales. El factor abstención sólo fue uno entre otros.
Ahora bien, a diferencia de la verificación, las votaciones del 5 de noviembre próximo serán antecedidas de una intensa campaña de agitación y propaganda de los partidos y candidatos, y también de bastante información de las autoridades electorales, de manera que los ciudadanos recibirán muchas motivaciones para ejercer su derecho al sufragio.
Sin embargo, esto no quiere decir que se deba menospreciar la posibilidad de un fuerte abstencionismo en las próximas elecciones, habida cuenta de la gran desconfianza que sienten ahora los ciudadanos hacia el proceso electoral, y particularmente hacia quienes van a contar los votos, como consecuencia del acuerdo libero-sandinista.
Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos no vio el acuerdo bipartidista o pacto libero-sandinista, como un esfuerzo para fortalecer las instituciones democráticas y la participación popular, sino como un intento de restaurar el bipartidismo de tipo somocista, y una repartición de los cargos del Estado entre las cúpulas de los dos partidos dominantes. Y lo peor, en el caso que nos ocupa, es que el acuerdo libero-sandinista subordinó el Poder Electoral a militantes y simpatizantes del PLC y el FSLN, con lo cual ha vuelto el temor al fraude por aquello de que quienes cuentan los votos “ganan” las elecciones y reparten los cargos públicos.
Por otro lado, a la posibilidad abstencionista hay que agregar el recalentamiento que está sufriendo la campaña electoral como resultado de las descalificaciones de partidos, las inhibiciones de candidatos y las ostensibles ventajas que se recetaron los partidos del pacto (que reparten y se quedan con la mejor parte), lo cual podría inclusive provocar lamentables actos de violencia, como ya lo han advertido algunas autoridades religiosas.
Al respecto tenemos que señalar –o más bien reiterar, porque ya lo hemos dicho anteriormente-, que nuestro interés en este asunto no es partidista sino nacional y democrático de principios.
Hemos reclamado contra las maniobras para excluir a Pedro Solórzano de la contienda municipal, no porque seamos pedristas ni conservadores, ni tampoco por oposicionismo al gobierno liberal, sino porque esa exclusión es antidemocrática y crea resentimientos que pueden conducir a una mayor inestabilidad y aún a la violencia política.
Por esa misma razón hemos reprochado las maniobras contra José Antonio Alvarado, a pesar de que no estamos de acuerdo con que quienes renunciaron a la nacionalidad nicaragüense y aunque la hubieren recuperado, ejerzan la más alta dignidad nacional que es la Presidencia de la República; pero si la ley le confiere ese derecho, tiene que ser respetado.
Por los mismos principios democráticos es que criticamos la eliminación de 5 partidos mediante un dudoso procedimiento de verificación de firmas, que no está en la Ley Electoral y que es notoriamente arbitrario. Y también por eso es que hemos exigido al Consejo Supremo Electoral, que por lo menos demuestre públicamente que las firmas anuladas en realidad eran nulas
Justificar el carácter político partidista que el acuerdo libero-sandinista dio al Consejo Supremo Electoral, así como sus decisiones igualmente partidistas sólo porque se basan en la interpretación y aplicación rígida y sectaria de una Ley Electoral que fue reformada este año precisamente para hacerla partidista, no abona a la confianza en el CSE ni a la credibilidad en el proceso electoral, sino todo lo contrario.
La verdad es que lo que se está haciendo en Nicaragua con el proceso electoral es parecido a lo que hizo el fujimorismo en Perú, y ya hemos visto las desastrosa consecuencias. En cambio en México se creó un Instituto Federal Electoral apolítico y ajeno a los partidos, y ya vimos también los excelentes resultados.
