Abren juicio a edil corinteño por abusar de autoridad

Tribunal de Apelaciones asegura que al ordenar demolición de construcciones actuó con “voluntad dolosa” JANELYS CARRILLO [email protected] El alcalde de la occidental ciudad de Corinto, ingeniero Danilo Lara Marenco, será procesado en juicio especial por el delito de abuso de autoridad, el cual presuntamente perpetró el año pasado cuando sin orden judicial mandó a demoler […]

  • Tribunal de Apelaciones asegura que al ordenar
    demolición de construcciones actuó con “voluntad dolosa”

JANELYS CARRILLO [email protected]

El alcalde de la occidental ciudad de Corinto, ingeniero Danilo Lara Marenco, será procesado en juicio especial por el delito de abuso de autoridad, el cual presuntamente perpetró el año pasado cuando sin orden judicial mandó a demoler las propiedades de Jerónimo Ramírez González y Francisco Montealegre Deshon.

El 24 de julio pasado, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Occidental, dieron lugar a la formación de causa contra el edil Lara Marenco, “por ser autor del delito de abuso de autoridad” contenido en el Artículo 369, inciso 16 del Código Penal.

Dicho Artículo consigna que comete abuso de autoridad, el funcionario o empleado que, de alguna manera distinta de las expresadas en este capítulo, violare sin apoyo legal cualquiera de las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de Nicaragua”.

De acuerdo al Código Penal, la pena para quien comete este delito es la inhabilitación absoluta (en su cargo) de seis meses a un año y multa de cien córdobas.

La destrucción de los ranchos ubicados frente a las costas del mar, en Corinto, se produjo a las cinco de la tarde del 13 de septiembre del año pasado. Esto afectó doblemente a los perjudicados, porque además de la destrucción material de las construcciones fueron víctimas del saqueo de sus pertenencias por parte de inescrupulosos.

Se estima que los daños económicos causados por el derribamiento de las construcciones o “ranchos”, como le llaman los quejosos, andan por los 95 mil dólares.

ALCALDE JUSTIFICO DESTRUCCION

En enero pasado, el aludido declaró a LA PRENSA por la vía telefónica que la acusación promovida en su contra no prosperaría porque el responsable de las obras no fue la Alcaldía, sino el Gobierno Central a través de la Empresa Nacional de Puertos (ENAP).

El ingeniero Lara Marenco también adujo que la demolición de los ranchos era necesaria “para impulsar un programa del Gobierno Central que perseguía fortalecer el dique de contención y proteger el puerto para que vengan más barcos”.

Refirió además que el día de los hechos ni siquiera se encontraba en el lugar y que la pérdida económica calculada por sus acusadores es “mal intencionada”.

A su juicio, los afectados se posesionaron del lugar a pesar de que se les advirtió que no lo hicieran y que se abstuvieran de construir porque supuestamente el Concejo también les denegó ese derecho.

Pero el dictamen del Tribunal de Apelaciones manifiesta que el abuso de autoridad se consumó porque la Alcaldía ni siquiera declaró de utilidad pública las propiedades afectadas que, además, tienen sus escrituras en orden.

Asimismo, el escrito cuestiona que el desmantelamiento de los ranchos de verano se realizó tan sólo una hora después que los afectados fueron notificados de que la Alcaldía no les admitió un Recurso de Apelación, con lo que evitaba cualquier acción para protegerse en las horas sucesivas debido a que el 14 y 15 de septiembre son feriados nacionales.

TRIBUNAL CONFIRMA ABUSO

“A nuestro entender se dejó en indefensión a las partes (los afectados) con grave perjuicio para sus derechos patrimoniales… no les dieron tiempo de retirar sus bienes muebles y conservar lo salvable de las construcciones, violando las garantías del derecho establecido en el Artículo 44 de la Constitución”, reza el fallo.

Agrega que la destrucción de los ranchos quedó demostrada con las declaraciones testificales de María de Lourdes Bravo Schmidt, Charles Whitaker, Wilson y José de la Cruz Aguilar Bustamante.

Estos aseguran haber facilitado el equipo de demolición de la empresa portuaria para la que laboran por solicitud telefónica del alcalde y la ahora ex vicealcaldesa Alba Guadalupe Urey. Incluso, Julio César Cuadra vio al alcalde cuando inspeccionaba las construcciones derribadas.

Por carecer de fecha y hora, los magistrados descartaron el valor probatorio de un video que fue presentado por los afectados, y en el que se aprecia la operación pero de forma confusa.  

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