La suspensión del Juez Segundo del Distrito del Crimen de Managua, Walter Solís, para mientras un tribunal investiga la acusación de prevaricato que pesa contra él, puede ser un paso hacia la depuración del Poder Judicial. Pero sólo un paso, que ojalá no sea sólo para guardar las apariencias y apaciguar las presiones del público por los fallos del Juez Solís que motivaron la acusación e investigación en su contra.
El prevaricato, como se sabe, está considerado como el más grave de todos los delitos que puede cometer un funcionario público en el ejercicio de su cargo; es incumplimiento malicioso de las funciones que desempeña; es injusticia deliberada y maldosa de un juez o magistrado; es quebrantamiento de los deberes y de la ética profesional en el ejercicio de las funciones correspondientes.
En realidad, lo menos que podía hacer la Corte Suprema de Justicia era suspender al Juez Solís, después del escándalo en que este personaje se vio envuelto por sus actuaciones en los juicios de los “checazos” de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la muerte a balazos del campesino Pablo Leal.
El Poder Judicial tiene entre los ciudadanos una de las peores percepciones de corrupción, tan deplorable como la del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no ha hecho nada efectivo para mejorar la imagen del cuerpo judicial y algunos magistrados hasta han asegurado que las encuestas son manipuladas para desprestigiarlo con acusaciones de corrupción.
Pero, al parecer, las actuaciones del Juez Walter Solís han rebasado todos los límites de tolerancia e impunidad en el Poder Judicial. De manera que gracias a la tesonera lucha de la familia del asesinado Pablo Leal y su abogado, a la indignación del gremio de juristas y a la presión de la opinión pública, la Corte se ha visto obligada a investigar al juez de marras y a suspenderlo para mientras se realiza la investigación y se conocen sus resultados.
Es un paso, por lo menos, que ojalá no sea el único, sólo el primero en el necesario camino que hay que emprender hacia la depuración del Poder Judicial, vale decir, hacia la dignificación de sus mismos miembros y ante todo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
