- Un estadista es una persona
ilustrada y formada en sólidos principios democráticos, que
respeta la libertad de los
ciudadanos, y que está consciente que el poder que se le ha
otorgado es únicamente para
promover el bienestar de la
nación y no el suyo propio
Jorge [email protected]
Los países más prósperos y estables del mundo tienen instituciones que funcionan. En ellos, las leyes tienen validez y se aplican a todas las personas por igual. La división de poderes es real y efectiva. Se rigen por leyes y no por la voluntad arbitraria de una o varias personas.
En Nicaragua -así como en todas las naciones más atrasadas del orbe- sucede lo contrario. Un poder æel Ejecutivoæ está por encima de los otros poderes del Estado y ejerce sobre ellos un control e influencia de tal magnitud que los convierte, de hecho, en dóciles y manipulables apéndices. Las leyes en esos casos no son más que papel mojado, y la voluntad del titular del Ejecutivo ocupa el lugar de aquellas. Las consecuencias de ese estado de cosas son la pobreza, el atraso material e institucional y la inestabilidad política.
Para dejar de ser finca y convertirse en país, Nicaragua necesita institucionalizarse. Esa es una tarea para estadistas y no para mandamases. Un estadista es una persona ilustrada y formada en sólidos principios democráticos, que respeta la libertad de los ciudadanos, y que está consciente que el poder que se le ha otorgado es únicamente para promover el bienestar de la nación y no el suyo propio. Cree de verdad que hay que servirle a la nación y no servirse de ella. El amor a la patria lo consume, y antepone el interés de ella a cualquier otro interés. Renuncia a las tentaciones del poder, como George Washington, que después de haber derrotado a los ingleses en la guerra de independencia de Estados Unidos, rehusó el ofrecimiento de sus oficiales de convertirlo en rey.
Es conveniente y deseable que en todos los poderes del Estado haya personas con las características de estadista arriba descritas, pero en el Poder Ejecutivo resulta indispensable. El poder de la Presidencia es tal, que sólo desde ahí pueden impulsarse los cambios necesarios para lograr la institucionalización del país. Un presidente estadista no aspira a acumular poder sino a desconcentrarlo. Sabe muy bien que su misión le exige perder poder para fortalecer a los otros poderes del Estado, y lo hace de iniciativa propia y con buena voluntad. Promueve algunas leyes porque son necesarias e indispensables para el bienestar de la nación y no porque se sienta presionado por las instituciones financieras internacionales. Hace lo posible para que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones recaiga en personas probas, capaces e independientes de influencias partidarias. Ama el imperio de la ley.
Pero debemos de tener mucho cuidado para saber distinguir entre un estadista y un autoproclamado “salvador” de la patria. De estos últimos debemos de huir como de la peste. La historia de Nicaragua y de América Latina está plagada de “salvadores”, que no son más que individuos ambiciosos que se valen de nuestra incultura política y de nuestra desesperación y frustración para imponer sus megalómanas voluntades. Son los Hugo Chávez y los Alberto Fujimori del continente, para no mencionar al endiosado y decrépito dictador de la Perla del Caribe. Un estadista llega al poder con la voluntad de trabajar por la patria por el período para el que fue elegido, para después irse voluntariamente a su casa en la misma situación económica que tenía cuando entró a ocupar el cargo, y llevándose sólo como preciado capital la oportunidad que se le concedió de servir a su país.
Se nos aproxima una nueva oportunidad para hacer el cambio que necesitamos. No la podemos desperdiciar. Abramos bien los ojos. Veamos bien quiénes son los posibles candidatos. Analicemos sus historiales, estudiemos su capacidad, escudriñemos sus intenciones. Qué penoso y triste sería ver la próxima Presidencia ocupada por un incapaz, y la Asamblea Nacional llena de individuos que necesiten estar ahí exclusivamente para disfrutar de la inmunidad que esa institución brinda y evitar así enfrentarse a la justicia por sus acciones pasadas.
El cambio es posible. Si México pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no?
El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
