El Partido Conservador de Nicaragua superó angustiosamente, con el respaldo de 250,820 firmas de ciudadanos, el procedimiento de verificación establecido por el Consejo Supremo Electoral (CSE), para reconocer el derecho de los partidos a participar en las próximas elecciones municipales.
Es saludable para el proceso democrático que el partido verde consiguiera pasar. Y mucho mejor sería, por supuesto, que el CSE también reconociera el derecho de los otros partidos (PLN, MSL, MUC, MRS), que aún están en agonía, pendientes del fallo del Consejo Supremo Electoral.
Pero los partidos no deberían tener que sufrir angustias como las que causó el procedimiento de verificación de firmas, para ejercer un derecho primario en una sociedad democrática, como es participar en las elecciones y ofrecer a los ciudadanos variedad de opciones políticas.
Es cierto que la ley debe obligar a los partidos a llenar determinados requisitos de representatividad, y regular su funcionamiento. ¿Pero, no es suficiente presentar 73 mil firmas que equivalen al 3% del padrón electoral, que es lo que señala expresamente la Ley Electoral en sus artículos 64.9 y 77.7? ¿Acaso no basta, para evitar la proliferación de grupos sin representatividad, que el financiamiento estatal de las campañas electorales de los partidos se les entregue hasta después de las elecciones, y sólo a los que obtuvieron al menos el 4% del total de votos válidos emitidos?
La realidad es que es injustificable ese procedimiento de verificación que convirtió arbitrariamente el 3% del padrón electoral, equivalente a unas 73 mil firmas -que es lo que exige la Ley Electoral-, en 10% del padrón y un cuarto de millón de firmas, que fue la cantidad que tuvo que presentar el Partido Conservador de Nicaragua.
Por otro lado, la denuncia de que una gran cantidad de firmas válidas fue anulada para perjudicar a los partidos desafectos al pacto libero-sandinista, quedó completamente confirmada el viernes pasado por la noche cuando el Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), demostró ante los medios de comunicación y los funcionarios del CSE, que su firma había sido anulada sin razón alguna. Cabe preguntarse: si la firma de una persona tan conocida y representativa como el señor Navarro fue anulada, ¿qué no harían con las de centenares de miles de personas humildes de todas partes del país?
Es por eso que los partidos políticos, medios de comunicación y diplomáticos extranjeros han sugerido que se hagan interpretaciones “benignas” de la ley, y prescinda de procedimientos que menoscaban el derecho de participación democrática de los ciudadanos y ensombrecen el proceso electoral. Y el Consejo Supremo Electoral debería rectificar lo que está mal hecho y recuperar con actitudes constructivas la confianza nacional e internacional.
Los magistrados del CSE saben muy bien que la democracia no puede funcionar si no hay diversos partidos políticos independientes con derecho, posibilidad y capacidad de competir por el poder en elecciones libres, limpias y frecuentes; que un Estado democrático es necesariamente un Estado de partidos; que no hay democracia en un país donde el Gobierno prohíbe o limita la existencia de los partidos: que sólo a los ciudadanos corresponde decidir, mediante el voto, si deben existir dos, tres, cinco o más partidos políticos; y que lo único que debe hacer el Gobierno es regular el funcionamiento de los partidos mediante una ley justa y equitativa para todos.
En cuanto al conflicto del Gobierno con la Comunidad Internacional, por las críticas que se han hecho a ciertos aspectos del proceso electoral que no están claros ni son justos, en realidad es por el interés nacional que las elecciones deben ser comprobadamente honestas y libres. Pero, además, el Gobierno debe cumplir los compromisos que adquirió con los donantes, puesto que la ayuda no es incondicional sino que está orientada a fortalecer la gobernabilidad y las instituciones de la democracia, y a fomentar la integridad gubernamental.
