- Las personas que incurren en delito de tráfico internacional de drogas pueden ser sancionadas con una pena de 20 a 30 años de presidio
GRETCHEN ROBLETO – [email protected]
SOMOTO.— Autoridades del Poder Judicial y la Policía quemaron en la barrera de esta ciudad 120 kilos de cocaína decomisados en la frontera “El Espino” el cuatro de julio, al guatemalteco Matilde Bravo Arreaga, de 47 años.
La droga tiene un valor de más de dos millones de dólares en el mercado internacional y la incineración de la misma da cumplimiento al artículo 49 de la Ley 285, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas, que establece ejecutar la destrucción de los alucinógenos después de revisar cada uno de los paquetes que en total sumaron 120, dijo la jueza de Distrito del Crimen, Maura Lila Montoya.
La judicial expresó que el proceso que se le sigue a Bravo Arreaga está en la etapa instructiva. La responsabilidad penal y tipicidad del delito se definirán en la sentencia interlocutoria, dijo.
La Policía abrió causa por tráfico internacional de droga, pero si al final de la investigación no se logra demostrar que el indagado es el dueño de la carga, entonces se le sancionará por transporte ilegal de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, explicó.
Las personas que incurren en delito de tráfico internacional de drogas pueden ser sancionadas con una pena de 20 a 30 años de presidio; si no se demuestra que el procesado es importador o exportador entonces la pena se aplicará por tráfico, la cual contempla cárcel de 10 a 15 años, explicó Montoya.
MIGRACION Y EXTRANJERIA ENTORPECEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Hasta el momento no se conoce el comportamiento de entradas y salidas del país de parte de Bravo Arreaga, ya que Migración y Extranjería no ha dado respuesta a los oficios girados a esa entidad. “Jamás nos han evacuado una diligencia cuando pedimos apoyo en este sentido”, señaló Montoya.
“A nosotros nos preocupa porque conocer las entradas y salidas del país de parte de los procesados es de gran trascendencia en los procedimientos judiciales referentes a drogas, ya que mediante el control que se tiene de esas personas, se pueden derivar presunciones graves contra el procesado”, añadió.
“Si no tenemos esta documentación, prácticamente nos enfrentamos a un problema de no poder documentar si la persona miente o no en su declaración porque el indagado alega que es la primera vez que viene al país y cabe recordar que él tiene toda la facultad para mentir porque la ley establece que no declara sobre promesa de ley”, dijo.
Para dar solución a esta falta de información, los jueces hemos puesto en conocimiento de la situación a nuestros superiores y vamos a tratar de hacer coordinaciones con los representantes de las instituciones para que se hagan efectivos los oficios y que se evacuen de inmediato, porque a veces se cae en tales situaciones por desconocimiento de la ley y no por mala fe de parte de los funcionarios públicos, aclaró.
