Por el respeto y el derecho a la verdad que se merecen los lectores del Diario LA PRENSA, me veo obligado a rectificar la noticia que bajo el título “CSJ sin disposición para destituir al Juez Local de Siuna”, aparece publicada en la edición del miércoles 12 de julio firmada por los periodistas Giovanna Rodríguez y Mario Sánchez P.
La nota hace referencia a una reunión realizada el pasado 26 de junio en Siuna, que fue convocada por la Comisión de Paz y Justicia de aquella localidad y a la cual asistieron como invitados los Magistrados de la CSJ, doctora Josefina Ramos Mendoza (y no Alba Luz Ramos Vanegas, como erróneamente afirma la nota) y el doctor Harlan Kent Henríquez Clair; la Magistrada del Tribunal de Apelaciones del Atlántico Norte, doctora Clarisa Ibarra, además del suscrito.
La reunión fue convocada para discutir aspectos generales sobre la situación de inseguridad y no solamente a la actuación del Juez Local Unico, licenciado Cristino Aguilar Tinoco.
En primer lugar, no es cierto —como afirma la nota— que al encuentro “no fueron invitados todos los representantes de la sociedad civil de Siuna”. Me consta que asistieron delegados, entre otros organismos, de ONG’s que trabajan en la zona, el Consejo Municipal, la Policía, el Ejército, MIFAMILIA, el Movimiento de Mujeres, la Comisión de Paz y pobladores en general.
Incluso, una invitación a toda la población se hizo a través de la radio URACCAN, única que existe en la localidad y de gran audiencia en esa zona.
Es falso que la reunión “fue candente y hasta hubo roces muy fuertes”. Igualmente falso es que “los concejales y otros dirigentes de las organizaciones civiles decidieron levantarse intempestivamente y abandonar la reunión con los Magistrados”. Por el contrario, la reunión se realizó en un marco de cordialidad y respeto mutuo. Ninguno de los asistentes se retiró de la reunión hasta que terminó.
Es cierto que algunos de los participantes realizaron críticas a las autoridades del Poder Judicial en la región, las que fueron aclaradas por la doctora Clarisa Ibarra. Sin embargo, también se plantearon críticas a otras instituciones como la Procuraduría General de Justicia, que no tiene representación en Las Minas, el mismo Consejo Municipal y la Policía Nacional, que con solamente 13 efectivos no tiene capacidad para garantizar la seguridad de la población.
En relación a las quejas presentadas formalmente contra el Juez, los Magistrados de la CSJ explicaron que éstas son conocidas y tramitadas por la Comisión de Régimen Disciplinario, la cual se pronunciará en los próximos días.
ROBERTO LARIOS MELENDEZ
Director de Relaciones Públicas
