FREDDY POTOY [email protected]
Cuando los liberales ganaron las elecciones el 20 de octubre de 1996, los sandinistas dijeron hasta la saciedad, que hubo fraude y que ellos eran los ganadores. No obstante, mal que bien dejaron de molestar para luego engendrar el pacto libero-sandinista.
En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) la plancha estudiantil 20 de Abril ganó las elecciones, según dicen, pero el Bloque Estudiantil Universitario (BEU), alega irregularidades en las mismas, razón por la cual esa casa de estudio está paralizada.
Esos estudiantes que tienen paralizada las labores en la UNAN, deberían dedicarse a trabajar en función de un verdadero desarrollo estudiantil y no obstaculizarlo.
Lamentablemente la UNAN todavía parece ser un refugio del resabio de los remanentes ortodoxos y extremistas que quieren mantener contra viento y marea la mediocridad académica.
Estas personas que obstruyen el desarrollo académico y científico están acostumbradas a irrespetar a las personas, las instituciones y los mismos derechos individuales y constitucionales del resto de los nicaragüenses.
Tienen una obsesión mezquina por estar en cargos o que los demás hagan los caprichos que ellos desean. Este tipo de personas con un pensamiento retrógrado y con falta de visión de desarrollo científico, no deberían estar en la universidad.
Pero a esto se suma el rector de la UNAN que no pone el orden en casa y es un contemplador de los berrinches de unos cuantos que no dejan estudiar a quienes quieren ser profesionales, ni dejan trabajar a los docentes y personal administrativo.
Seguramente el rector no quiere meterse a problemas con los estudiantes y no quiere verse expuesto ante la opinión pública por las medidas que pueda tomar para mantener el orden en una de las universidades más importantes de Nicaragua.
Al margen de justeza de los reclamos de los estudiantes, éstos no deben impedir el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de la UNAN.
Por tanto, no se puede exigir orden, respeto y cumplimento a los gobernantes, partidos políticos y demás actores de la sociedad, si en la universidad los futuros profesionales rompen, incluso, el orden constitucional, como por ejemplo, el derecho al trabajo, al estudio y la libre movilidad.
