El Dr. Emilio Alvarez Montalván, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Presidente Arnoldo Alemán, puso el dedo en la llaga la semana pasada al decir que “el ambiente electoral está envenenado”. El ex Canciller se refería a la desconfianza que se ha generado entre el Gobierno y la clase política y el electorado como consecuencia de la aplicación manipulada y retroactiva de la nueva Ley Electoral. Como se sabe, dicha ley fue concebida por los pactistas libero-sandinistas con el claro propósito de excluir a posibles competidores.
Ante tal situación, es imposible dejar de hacer una comparación con el recién pasado proceso electoral mexicano que se caracterizó por su transparencia, limpieza y amplitud. Mientras Vicente Fox, a escasos 4 días de haber sido electo presidente de México, anunció su intención de modificar la Ley Electoral para ensanchar los espacios de consulta popular -incluyendo una segunda vuelta, la posibilidad del voto de los mexicanos que residen fuera de México, y la figura del referéndum- aquí el Presidente Alemán y el señor Daniel Ortega, en un contubernio malsano, se pusieron de acuerdo para cerrar espacios.
Es interesante observar que Fox justificó su propuesta diciendo que “somos once partidos compitiendo.” Fijémonos bien en ese detalle: a pesar de que entre su partido -el PAN- y el partido de gobierno -el PRI- obtuvieron el 80 por ciento de los votos en las elecciones del 2 de julio pasado, no se le ocurrió al presidente mexicano electo, como a Alemán, referirse despectivamente a los otros partidos como “microbios”, ni dijo tampoco que por haber obtenido entre los dos partidos una porción mayoritaria de los votos, deban las próximas elecciones de ser solamente entre el PAN y el PRI, y mucho menos se le ocurrió proponer, como se hizo aquí, la creación de una nueva ley electoral excluyente. ¡Qué actitud tan diferente a la de Alemán y a la de Ortega! La voz de Fox es la de un verdadero estadista. Las que por aquí se escuchan son cavernícolas, y, desgraciadamente, están influenciadas por la más funesta, repudiada y antidemocrática tradición priísta.
Vicente Fox y el Presidente Ernesto Zedillo han entendido que la mejor manera de preservar la paz social y de fomentar un ambiente de confianza que permita el desarrollo económico, es pasando por el tamiz de la voluntad popular libremente expresada. Las elecciones mexicanas fueron tan limpias que automáticamente le ganaron a México un merecido respeto de los países desarrollados. Su mensaje es claro: México ha decidido dejar de ser un país tercermundista para insertarse en el concierto de naciones prósperas y democráticas.
Aquí, por el contrario, los pactistas han convenido en ponerle una camisa de fuerza a la libertad. El pueblo se da cuenta de eso y lo resiente. Las frustraciones se interiorizan y se acumulan. Eso no es sano para el país. La Ley Electoral actual, que es fruto de dos voluntades arcaicas, y que está siendo aplicada por un Consejo Supremo Electoral (CSE) partidizado, proclama un mensaje negativo y excluyente, y claramente dice que Nicaragua no tiene intenciones de profundizar y ampliar su incipiente democracia.
Se acerca el 15 de julio, fecha en la que el CSE tiene programado cerrar todos los espacios de participación en el proceso electoral, en procura de que sólo los partidos del pacto puedan participar en las elecciones municipales de este año y en las nacionales del próximo. El Gobierno violenta la voluntad popular al ignorar, por ejemplo, que el 88.4 por ciento de la población capitalina encuestada ha dicho que el señor Pedro Solórzano tiene derecho a ser candidato a la Alcaldía de Managua.
Además, el CSE, en un acto de aplicación retroactiva de la ley, y por lo tanto inconstitucional, pretende quitarle la personería jurídica a partidos legítimamente constituidos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene que tomar cartas en el asunto y fallar cuanto antes los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, aunque, siendo la actual CSJ un producto del pacto, dudamos que proceda como corresponde. ¿Qué opina de todo esto la comunidad internacional que tanto interés ha demostrado en la gobernabilidad y transparencia de nuestro país?
