- Ley de Propiedad Intelectual y de
Derechos de Autor penalizará a partir de septiembre a quienes
comercialicen productos “pirateados”
MARTHA DANELIA [email protected]
El Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), está proponiendo la creación de una comisión tripartita integrada por esta Institución, el Ministerio del Trabajo (MITRAB) y la Secretaría de Acción Social (SAS), a fin de capacitar a los vendedores de cassettes para que se inicien en otro tipo de actividad.
Según Leonardo Centeno, Director Ejecutivo del INPYME, el primero de octubre estas personas ya no podrán vender cassettes por los compromisos que Nicaragua adquirió ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual.
“Queremos ver de qué forma le podemos ayudar y esta capacitación irá enfocada a la identificación de habilidades personales, lo que viene a traducirse en una oportunidad de empleo, ya que se les conseguirá crédito para que ellos se dediquen a un nuevo tipo de actividad“, agregó Centeno, Director Ejecutivo del INPYME.
Y es que en septiembre próximo vence el plazo otorgado por el Estado para que las personas naturales y jurídicas que comercian con cassettes, videos y transmisiones de televisión por cable, sin la autorización de las empresas disqueras o productoras, ingresen al comercio formal.
La ley plantea la protección de los derechos de creación de obras y producciones artísticas, aplicando multas de hasta 5,000 córdobas, y penas de hasta seis años de prisión a todos los vendedores, distribuidores y exponentes de cintas o videos “no originales”, cuya sanción aún está congelada a la espera que los comerciantes ingresen al comercio formal a más tardar en septiembre del 2000.
SANDINISTAS SOLICITAN REFORMAS
Sin embargo, representantes del comercio informal (piratas) solicitaron a la Asamblea Nacional la primera reforma a la Ley de Derechos de Autor, que permita ampliar el período para aplicar las sanciones.
Un vendedor de cassettes que prefirió omitir su nombre, comentó que tienen en existencia 1,500 cassettes y una cantidad considerable de discos compactos, por lo que considera que en dos meses que faltan para que finalice la prórroga no podrán vender esa cantidad “por eso necesitamos la prórroga”.
En el seno de la bancada sandinista se está planteando la posibilidad de elaborar una iniciativa de ley que permita ampliar el período por tres años más, para aplicar las sanciones establecidas en el artículo 134, de modo que las sanciones y penas concuerden con lo dispuesto en el nuevo Código Penal, aprobado en lo general por el Poder Legislativo.
Reforma que para algunos sectores es imposible es vista que Nicaragua ha adquirido compromisos internacionales y la no-aplicación de esta Ley podría incurrir en sanciones económicas para el país.
“Aquí nos vemos enfrentados a dos problemas. Las personas que viven de esto (comercio informal) por el desempleo, y por otro lado el problema que tiene Nicaragua de ser miembro de la OMPI donde tienen acuerdos y convenios nacionales de estricto cumplimientos, que de no ser cumplidos podrían ser objetos de un panel y de eventuales sanciones económicas”, expresó Wálmaro Gutiérrez, miembro de la Comisión Económica del Parlamento.
Agregó que “esta Asamblea Nacional tendrá que ser lo suficientemente diligente como para poder hacer un equilibrio entre darle una respuesta a las justas demandas que tienen estos señores, que todavía no han podido salir de estos productos que han sido producidos de manera ilegal, y evitar que Nicaragua caiga en un problema de insolvencia legal en el marco de esos acuerdos y convenios nacionales.
