El caos de los Archivos Nacionales

Nicaragua carece de una política de archivos a nivel nacional y de un Sistema Nacional de Archivos, como debiera existir y corresponde a una nación civilizada y democrática. También carece de una legislación archivística acorde a la realidad actual del Estado, que le dé ordenamiento jurídico a los distintos archivos públicos. Igualmente carece de un cuerpo normativo que establezca las normas reguladoras del quehacer archivístico del país y que dé las pautas para la organización, conservación, transferencia y uso de los archivos, esto último ligado directamente al derecho de acceso de la información.

Para colmo de males hasta el Archivo General de la Nación (Archivo Nacional) desapareció como institución, pues hoy no es sino una dependencia más del Instituto Nicaragüense de Cultura INC, donde está atravesando graves problemas y reducido a archivo histórico bajo la custodia y atención de tan solo siete personas. El Archivo General de la Nación nació como una Institución del Estado por Ley de la República, un 7 de julio de 1896, bajo el Gobierno del presidente José Santos Zelaya, y era tan importante, que todas las instituciones estaban obligadas a transferir hacia él, en forma estrictamente ordenada, todos sus documentos que ya no estuviesen vigentes como lo establecía la Ley.

También se carece de locales adecuados, debidamente equipados para la organización y conservación de sus archivos; tampoco se dispone de un cuerpo de archiveros capacitados a nivel profesional o técnico y mucho menos de una Escuela de Archiveros, donde se pueda preparar y actualizar el personal que maneja un área tan sensible e importante como son los archivos. Y es que los archivos como dependencias fundamentales de las estructuras orgánicas de cualquier institución, dejaron de aparecer en los organigramas institucionales, y también ha desaparecido el cargo de archivero de los escalafones y manuales de cargos.

Los archivos existentes carecen casi de todo lo básico: de presupuesto, de personal, de estanterías, de cajas especiales, de climatización, de inventarios actualizados de sus fondos, colecciones y series documentales. Los archivos de varias instituciones hoy en día son más bien bodegas de papeles antes que archivos propiamente dichos. Otros son una mezcla de archivo, Centro de Documentación y bodega, y otros lo son de nombre antes que verdaderos archivos en el sentido estricto de la palabra.

Esta situación, hija legítima de la incuria oficial, no es nueva, sino que se ha venido heredando de gobierno en gobierno, y al parecer continuará sucediéndose hasta que surja en nuestro país un gobierno con verdadera vocación de Patria, con sentido y aprecio por la historia, que le ponga fin a esta insólita situación y que haga brotar en el seno de la administración pública y en especial en todos los funcionarios que toman decisiones, una conciencia archivística, respetuosos del patrimonio documental de la nación.

Resumiendo, el panorama de los Archivos de Nicaragua presenta un cuadro dramático y sin visos de solución por el momento. Esto debe interesar y hacer actuar con urgencia a nuestros gobernantes, legisladores, funcionarios públicos, administradores, políticos, intelectuales, sociedad civil y en fin a toda la nación, por cuanto lo que se está perdiendo de manera irreversible es el patrimonio documental del país, la memoria histórica de la nación, que da testimonio de su vida económica, política, administrativa social y cultural.

Qué tragedia más grandes para una nación es no tener ni preservar su memoria escrita, no porque no exista, sino porque, no teniendo sus gobernantes y los funcionarios públicos, conciencia de su valor e importancia, ni tampoco sentido histórico, se deja perder con gran indiferencia o se le destruye voluntaria e involuntariamente. Nada más deplorable que lo que sucede en Nicaragua cada vez que hay cambio de Gobierno. Los documentos de la administración saliente, como no hay ley ni autoridad que los proteja, son mandados a destruir, otros son empacados en sacos como papas o en cajas vacías de pulpería y mandados a las bodegas donde no estorben, sin inventario alguno, donde luego son amontonados sobre los de la administración anterior, y así termina todo aquello que con tanto afán y costo económico realizó determinado Gobierno, ministerio o institución pública.

Y el otro caso, más reciente todavía, que ilustra muy bien esta situación, es el de la zarabanda de los documentos públicos que en los últimos meses han andado bailando al son de los recientes escándalos de todos conocidos, lo que pone en evidencia en qué estado estamos en materia de archivos, que es donde residen las fuentes esenciales para construir nuestra historia e identidad nacional.

El autor es Historiador.