- Salarios de funcionarios públicos son un misterio, pero aquí se los presentamos
- Antes de llegar por primera vez
a sus oficinas, los recién electos pasaron buscando sus vehículos Mitsubishi Montero, año 2001
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Los recién electos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), llegaron ayer a la primera sesión de ese poder del Estado conduciendo sus vehículos de lujo marca Mitsubishi-Montero año 2001, adquiridos en la distribuidora Mini Car, cuyos vidrios estaban siendo polarizados minutos después de ser aparcados en las afueras de las instalaciones de la institución.
En sesión solemne quedó instalado ayer oficialmente el nuevo CSE, y seis de los siete magistrados propietarios que lo integran, reeligieron por unanimidad en sus cargos al Presidente y Vicepresidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas y Emmet Lang. Solamente estuvieron ausentes el magistrado propietario Mauricio Montealegre y la suplente Marisol Castillo, quienes no acudieron por estar realizando el traspaso de su anterior cargo, el primero, y la segunda por encontrarse de viaje en España.
El costo al público de los vehículos de los nuevos magistrados asciende aproximadamente a 40 mil dólares, según consulta hecha por LA PRENSA a un empleado de distribuidora Mini Car que no se identificó.
En tanto, el vocero del CSE, Silvio Calderón, afirmó que “su costo fue negociado por debajo del precio que le dan al público”, sin embargo, no quiso revelarlo por considerar que es “algo privado”, pese a que la entidad es pública y se financia con impuestos.
Señaló que el CSE “adquirió los vehículos a menor precio porque fueron comprados como parte de un lote de 250 vehículos, valorados en 28 millones de córdobas, dinero que forma parte de la eficiencia en el manejo del presupuesto”, explicó.
La compra de la flota vehicular “no salió de una partida presupuestaria extraordinaria del Ministerio de Finanzas, sino que ha sido la revisión del gasto presupuestario ordinario del CSE y de ahí sale la compra de los vehículos y están incluidos los de los nuevos magistrados”, puntualizó.
LOS SALARIOS, OTRO SECRETO
Pese a que los sueldos de los funcionarios y empleados públicos son costeados con los impuestos de los nicaragüenses, “el monto que devengan es un “secreto de Estado”, pues ni los propios diputados conocen realmente los detalles de las asignaciones presupuestarias del resto de poderes del Estado”, según confió el diputado Wálmaro Gutiérrez, tercer secretario del Parlamento.
El único poder del Estado que desglosa los salarios de sus funcionarios en el Presupuesto General de la República es la Asamblea Nacional, manifestó el diputado. En cambio, dijo, en el resto de instituciones públicas tienen gastos administrativos aprobados por el Poder Ejecutivo que tiene discrecionalidad en la asignación, de acuerdo a la ley de régimen presupuestario, indicó Gutiérrez.
Para muestra un botón: “solamente el asistente personal del titular del Poder Electoral devenga un salario nominal de 30 mil córdobas mensuales”, expresó una fuente que prefirió el anonimato.
