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Las instalaciones de la Compañía Nacional Productora de Cemento (CANAL) serán arrendadas a manos privadas en menos de doce meses, aunque ninguna de las instituciones públicas conocen aún la dimensión de su déficit ni la situación legal sobre el dominio de la misma.
La ley de arriendo fue aprobada ayer en su totalidad por 56 diputados, enfrentando la oposición de un grupo de parlamentarios que reclamaron por la necesidad de revisar la situación financiera y legal de la cementera, antes de aprobar el arriendo.
En términos generales, el arriendo de las instalaciones y la planta de producción será por 25 años y sin prórroga, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria de la institución y la posibilidad de mantener dos puestos en la Junta Directiva.
Sin embargo, el debate legislativo rondó sobre la situación legal y financiera de la cementera, luego que el liberal Enrique Sánchez Herdocia reclamó por la incertidumbre generada por un reclamo de privados (herederos de dueños anteriores) sobre la planta de producción.
Según Sánchez, las instalaciones de la cementera cargan con un reclamo de propiedad por sobrinos y herederos de Pablo Dambach.
Aunque el asunto generó una agria discusión política, el directivo parlamentario Wálmaro Gutiérrez argumentó que el carácter legislativo del Parlamento, le impide decidir sobre el dominio de propiedad de particulares.
“La Asamblea no es un foro jurisdiccional donde se va a determinar de quién es qué cosa. Mientras no se asegure lo contrario en una sentencia judicial, la Cementera Nacional es en su mayoría accionaria del Estado nicaragüense”, subrayó.
“DEJARA DE SER CAJA CHICA”
Según los términos de la ley, la compañía cementera deberá formar a lo inmediato un comité técnico de licitación integrado por el presidente de la actual Junta Directiva, un representante de la Procuraduría General de Justicia y un miembro del sindicato, quienes deberán redactar un informe de evaluación sobre el estado financiero de la institución.
A juicio de Sánchez, esta situación le obliga a los diputados ejercer un “voto a ciegas”, al aprobar un alquiler de las instalaciones, desconociendo los efectos de la administración del ex gerente Gabriel Levy, destituido el pasado mes de diciembre.
“El problema es que con esta rapidez el pueblo no va a saber si la Cementera le dio ganancias o no. La Contraloría primero debió haber hecho un arqueo para decir en qué situación está la Cementera, sino que ahora sólo pasa a otras manos y se diluye todo lo que ha pasado, cuando sólo ha servido como una caja chica del Presidente”, señaló.
Para Gutiérrez, esta situación no debería provocar malestares, considerando que la Contraloría está haciendo una auditoría sobre la compañía, sin tomar en cuenta el informe que presente el comité técnico de evaluación.
“Yo más bien lo observo como un triunfo porque dejará de ser usada como una caja chica del gobierno en turno”, concluyó.
