- Para establecer la democracia es preciso luchar cada día en campos muy diversos y con una clara conciencia social. El
éxito económico divorciado del éxito
social no construye democracia
José Antonio Poveda S.
La reestructuración institucional tiene como objetivo lograr una transformación y modernización de la administración pública, que actualice su marco jurídico, racionalice su estructura orgánica funcional, revise y replantee todos sus procesos y procedimientos operativos, y adecúe la cantidad y composición de su personal. La reestructuración institucional deberá garantizar al aparato de Estado, mayor capacidad administrativa de gobernar, con eficiencia y eficacia, enfocando sus servicios a la atención de los ciudadanos. Dialogando continuamente con todos los sectores, tanto políticos, económicos y sociales, que tienen una gran cuota de participación en todo este proceso de transformación.
En los últimos años se ha fortalecido el consenso en torno a la importancia de la gobernabilidad, para impulsar una sólida política de desarrollo. Implica estabilidad política, la cual está asociada a condiciones de integración socioeconómica interna, fortaleza de las instituciones democráticas y participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Requiere condiciones de confianza y previsibilidad jurídica, económica y política, incluyendo la existencia de un marco legal apropiado para el desarrollo, protección de los derechos humanos, sin discriminación, un ambiente adecuado para el desarrollo del sector privado, eficiente asignación de los recursos públicos, responsabilidad del gobierno y honestidad y transparencia en la administración del Estado.
La libertad nos obliga a colocar al hombre en el centro de todos nuestros esfuerzos de desarrollo, y debemos ser capaces de generar actitudes constructivas con las que hay que ser tremendamente exigentes. Hay resultados que no pueden esperar. Es preciso avanzar aceleradamente en la búsqueda de políticas que den respuesta a las necesidades públicas y planteamientos que hagan todos los sectores del país en los diversos aspectos que conforman la vida nacional. Por encima de partidos políticos, se debe de concertar grandes acuerdos nacionales producto del diálogo. Cualquiera será el gobierno de turno, debe existir una columna vertebral de trabajo tesonero y renovado, a favor de políticas sociales que logren hacer nuestro país más justo. Esta es la base más sólida para un camino político compartido, donde la confianza que se genere logre disminuir las amenazas para la democracia. Se trata de trabajar por una economía humana, que es la primera demanda de la libertad.
Todos sabemos que democracia es mucho más que elecciones libres. Sabemos que consolidar un sistema de libertades demanda una sociedad con mucha mayor equidad social. Es preciso contar con una administración de justicia expedita y que alcance a todos, que existan mecanismos eficientes y respetados para canalizar los conflictos, que los ciudadanos puedan disfrutar de seguridad real en campos y ciudades, que exista transparencia en las acciones de gobierno. Que las autoridades respondan efectivamente por sus actos. En fin, sabemos que para establecer la democracia es preciso luchar cada día en campos muy diversos y con una clara conciencia social. El éxito económico divorciado del éxito social no construye democracia.
Es necesario transitar de una administración pública burocrática y tradicional a una administración pública gerencial y moderna, donde los ciudadanos tengan la confianza y seguridad, de hacer los planteamientos públicos al Gobierno y las denuncias oportunas.
La reforma del Estado dependerá de una amplia gama de situaciones y, obviamente de lo que es necesario reformar para adecuarlo a las necesidades de todos los sectores.
Además estará en función de los niveles de compromiso gubernamental con el mismo proceso, del grado de relación armónica, que tengan los Poderes del Estado, de acuerdo a la Constitución Política y de las demandas básicas de la ciudadanía, entre otros factores. Sin embargo, para que el Estado participe en forma más viable y eficaz en el proceso de desarrollo del país, es necesario que los servicios públicos sean manejados con eficacia, honestidad, rentabilidad y transparencia.
En nuestro país, no pudimos distinguir los efectos de la crisis, de los efectos de las reformas económicas. Es significativo que el Gobierno no logró transmitir de manera creíble la urgencia de iniciar dichas reformas, y explicar el alto costo de permitir que la crisis siguiera su curso, y buscar un mecanismo de contención para las clases desprotegidas y también a los sectores productivos del país, para mantener el incentivo de la producción. Es paradójico que se asumieran tantos riesgos sin prestar atención a los problemas de credibilidad política y legitimación social, tan urgentes y profundas que reclama la población en general.
El autor es Vice Decano de la Facultad de Derecho
de la UNAN-León.
