Hoy viaja a Washington una delegación de diputados nicaragüenses (incluyendo a uno del FSLN), para pedir al Congreso de Estados Unidos que no apruebe la ley que suspendería la ayuda de 50 millones de dólares anuales a Nicaragua. Dicha ley, además, obligaría al gobierno norteamericano a votar en los organismos financieros internacionales contra la ayuda multilateral a Nicaragua y liquidaría las esperanzas nicaragüenses de ingresar a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), para el alivio de la deuda externa.
Sin dudas que el problema de la devolución o la indemnización de las propiedades confiscadas por el gobierno sandinista, es lo más complicado de toda la problemática de la transición democrática que se desarrolla penosamente en Nicaragua. De hecho es un problema extraordinariamente complejo en todos los países donde imperaron los regímenes comunistas y revolucionarios, que desarticularon el sistema económico basado en la propiedad privada y la libertad de empresa.
El caso, dicho en pocas palabras, es que mientras por un lado todos los antiguos propietarios que fueron confiscados por el totalitarismo reclaman la devolución, indemnización o compensación de sus propiedades y bienes; por otra parte los nuevos propietarios, o sea quienes se adjudicaron las propiedades que fueron arrebatadas a sus legítimos dueños, tampoco las devuelven a menos que se las compensen o indemnicen como si fueran bienes legítima y honestamente adquiridos.
De modo que la lucha por la propiedad es el nudo de todas las contradicciones que hay en el proceso de transición del viejo totalitarismo revolucionario a la nueva sociedad democrática. Es un problema mucho más complicado que la pobreza y el atraso estructural, que además se agrava por la corrupción de funcionarios que distribuyeron indiscriminadamente órdenes de devolución de propiedades a cambio de coimas, y también de confiscados que fueron indemnizados y compensados repetidamente o por valores y cuantías superiores a lo que realmente les quitaron.
De modo que a estas alturas el problema de la propiedad no se ha terminado de resolver, y al parecer dista mucho de que sea resuelto, a pesar que las autoridades de Hacienda señalan que en los últimos 7 años el Estado ha pagado a los confiscados más de 700 millones de dólares, o sea más de 100 millones de dólares anualmente.
Pero, en realidad, no es el Estado el que ha pagado semejante suma de dinero. Son los ciudadanos trabajadores y los empresarios contribuyentes, quienes han sido obligados a soportar el pago de las propiedades y otros bienes que usurparon los piñateros. Y son obligados también a soportar los abusos de quienes, a cambio de sobornos o por sus vínculos con los gobernantes anteriores y actuales, se han hecho pagar indemnizaciones sobrevaluadas y repetidas.
Ahora bien, está plenamente comprobado que no se puede construir una sociedad democrática ni salir del atraso y la pobreza, si no se respeta y garantiza de una vez por todas el derecho a la propiedad privada.
Por eso es que han causado mucha preocupación (y por eso, entre otras cosas, es la iniciativa de Ley Gilman para suspender la ayuda norteamericana a Nicaragua) los pactos o acuerdos del Presidente Arnoldo Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el líder sandinista Daniel Ortega y su FSLN; pactos que legitimaron la piñata sandinista y crearon unos tribunales de propiedad inoperantes, que en todo caso cuando funcionen mandarán a que el pueblo pague las indemnizaciones por las propiedades confiscadas y piñateadas; pactos que han facilitado al FSLN y Daniel Ortega, la posibilidad de regresar al poder con sólo el 35% de los votos válidos que se emitan en las elecciones nacionales del próximo año.
Y si los sandinistas vuelven al poder el próximo año, ¿qué garantías tiene el país y la comunidad internacional de que no confiscarán de nuevo las propiedades públicas y privadas, además de cometer algunas o todas las barbaridades contra la libertad y los derechos humanos que cometieron en los años 80?
Para disipar esa duda el FSLN podría anunciar en Washington, por medio de su delegado en la comisión parlamentaria, la devolución de las propiedades piñateadas que no fueron repartidas entre gente pobre. Sería una prueba inicial de rectificación y de honradez.
