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El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional enviarán inspectores al Triángulo Minero, para verificar las denuncias de los pobladores de Siuna, Bonanza y Rosita sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de ambas instancias.
Lo anterior lo informaron los miembros de una comisión de habitantes del Triángulo Minero, que viajó a Managua representando a varias comunidades afectadas por la incursión de las bandas armadas que operan en la zona.
La comisión sostuvo una reunión con el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Ramón Arnesto Soza y con la inspectora general de la Policía Nacional, comisionada general Eva Sacasa, quienes prometieron el envío de sus oficiales para indagar sobre los abusos que supuestamente cometen policías y soldados.
Según Israel Rizo, miembro de la comisión, también se reunieron con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Yadira Centeno, que se comprometió a enviar un representante del Poder Judicial para investigar denuncias de retardación de justicia y justicia parcializada, por parte de las autoridades judiciales de Las Minas.
Otras instituciones con las que se reunió la comisión fue la Defensa Civil, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Carmelo Angulo, para exponerle la situación de los pobladores.
La Comisión intentó hablar con la Secretaria de Acción Social, Jamileth Bonilla y comunicarse con la Primera Dama, María Fernanda Flores, per no obtuvieron respuesta.
Gilma Cruz dijo que en Siuna 244 familias que representan 1,024 personas, han sido desplazadas por efecto directo del accionar de las bandas armadas; el 85 % de la población en edad escolar está desatendida y existe sólo un médico para atender a 3,200 familias, es decir a casi 70,000 habitantes de ese municipio. La situación es similar en Bonanza y Rosita.
