En una sociedad democrática todos los asuntos del Estado que son de interés público, se ventilan abiertamente, con transparencia. Lo cual es válido también, o sobre todo, para los procesos judiciales cuyos resultados deben ser aceptados por toda la población, no sólo por las personas directamente involucradas.
Precisamente por eso es que la Constitución Política de la República de Nicaragua establece, en su artículo 34, que “el proceso penal deberá ser público” y que “el acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado, por consideraciones de moral y orden público”.
Obviamente, la excepción “por consideraciones de moral y orden público” se refiere a aquellos casos de mucha delicadeza personal y social como las violaciones sexuales, particularmente contra menores, o cuando por determinadas circunstancias la concurrencia pública podría causar disturbios y poner en peligro la seguridad ciudadana.
Pero ese no es el caso, sin dudas de ninguna clase, del juicio que se está siguiendo a los ex altos funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y PETRONIC, Byron Jerez Solís y Jorge Solís Farias respectivamente, por el escándalo conocido como “los checazos”. Sin embargo, el juez Walter Solís que está llevando dicha causa, el miércoles recién pasado expulsó a los periodistas del recinto judicial donde los procesados rindieron su declaración indagatoria, para que no los “molestaran ni presionaran” con su presencia, y para que no informaran al público sobre las incidencias de dicho acto procesal.
Luego, como se señaló en la nota informativa de LA PRENSA (jueves 22 de junio), sobre la comparecencia y declaración indagatoria de Jerez y Solís, el juez se limitó a hacer tres preguntas ingenuas, que parecían formuladas para favorecer a los implicados y no para indagar en busca de la verdad en el trasfondo de los hechos.
Pero lo cierto es que no sólo la actuación del juez Solís, el miércoles recién pasado, sino todo el proceso de los checazos desde la “investigación” y resolución de la Contraloría colegiada hasta ahora que el caso se encuentra en un Juzgado de lo Criminal por las denuncias de ciudadanos particulares, ha parecido más una farsa que un esfuerzo serio por aclarar y resolver un asunto que atañe al interés del público y al honor de la nación.
Primero, la Contraloría colegiada se abstuvo de hacer uso de las competencias que le da su misma ley orgánica, y por lo tanto no buscó ni encontró evidencias ni presunciones de responsabilidad penal para los involucrados en el escándalo de los “checazos”, de manera que se limitó a determinarles responsabilidad administrativa. Cabe suponer, entonces, que la Contraloría colegiada se atrevió a sugerir la destitución de los altos funcionarios públicos involucrados en el escándalo de los checazos, fue por la presión internacional (de algunos países donantes) y no por la convicción de que en realidad había que despedirlos. Como también por las presiones externas el Presidente Arnoldo Alemán se vio obligado a despedir a los mencionados ex funcionarios gubernamentales.
Después, el Procurador General de Justicia declaró que el Estado no se sentía ofendido, porque la Contraloría no determinó responsabilidades penales para los involucrados, aunque pudorosamente el defensor de la sociedad también aclaró que no descartaba la posibilidad de sentirse ofendido más adelante, en caso que el juez pudiera encontrar pruebas de que con los checazos se cometió delito en perjuicio del Estado.
¡Y ahora el juez! En realidad todo esto es una comedia. Nadie en el Gobierno tiene ni demuestra tener intención ni voluntad de combatir la corrupción.
La verdad es que la corrupción existe en todas partes del mundo. Es un defecto de la naturaleza humana y no un problema característico de determinadas naciones o sistemas políticos. La diferencia la hace el hecho de que en unos países se lucha efectivamente contra los corruptos, y en otros sólo se simula hacerlo y la corrupción está institucionalizada.
Al respecto, la Secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, dijo en la Cumbre de Davos, Suiza, que lo que pasa en los países institucionalmente corruptos es que los gobernantes están más dedicados a enriquecerse que a hacer su trabajo. ¿En qué país estaría pensando la alta funcionaria estadounidense?
