JUAN [email protected] J. VINDELL MATUS
GRANADA.– La Policía dio un plazo de 24 horas (que se cumple hoy a las diez de la mañana), para que unas 60 personas que la madrugada del lunes penetraron por la fuerza a la planta de INTERCASA, ubicada en kilómetro 53 de la carretera Granada-Nandaime, la abandonen voluntariamente, o se usará la fuerza pública para desocupar la empresa, explicó el capitán Sigfrido Baldelomar.
La fábrica está siendo reclamada por su antiguo dueño, Josué Bermúdez Marenco, a través de un juicio que está abierto contra 130 trabajadores de filiación sandinista que también la reclaman, asegurando que obtuvieron el 100% de las acciones en 1992, a través de los Acuerdos de Concertación, durante el Gobierno de Violeta de Chamorro.
Bermúdez asegura poseer un 17 por ciento de las acciones de los antiguos socios.
Unos 65 hombres al servicio de Bermúdez Marenco, penetraron la madrugada del lunes sometiendo a dos vigilantes de la empresa que se encontraban en el portón, agravando aún más el conflicto, denunció Mario Ortiz, del sindicato de trabajadores de INTERCASA.
El conflicto en esta empresa granadina tiene varios años de ventilarse en un juzgado de esa ciudad, y se ha agudizado en las últimas semanas hasta llegar agresiones físicas y ofensas verbales entre ambas partes. La juez de Granada sin embargo no ha dictado una sentencia definitiva que indique quién es el dueño legítimo de la fábrica.
Los sujetos que penetraron a la fábrica, supuestamente son miembros de la Resistencia Nicaragüense y algunos ex guardias, quienes se la habrían tomado a petición del interventor judicial, señor José Leonardo Marín, designado por la Juez del Crimen de Granada para velar por los bienes de la empresa mientras no haya un fallo definitivo.
El interventor judicial dijo que los trabajadores sandinistas “han realizado robos a la fábrica descapitalizándola y por eso nombré más cuidadores”, aseguró.
Una patrulla policial fue ubicada cerca de la fábrica para evitar enfrentamientos armados.
Horacio Delgado, gerente de INTERCASA, dijo que han pagado un millón de dólares al Estado, lo que a su juicio los convierte en propietarios.
