El líder empresarial Marcos Mayorga sugiere, en un artículo que publicamos hoy en la página de Opinión, que en el diálogo nacional que ha convocado el Presidente Arnoldo Alemán se traten por separado los temas políticos y los asuntos socioeconómicos.
Es razonable el planteamiento del señor Mayorga, que suponemos representa el sentir del gremio empresarial. En realidad, si bien es cierto que los problemas socioeconómicos no están separados de los temas políticos por una muralla infranqueable, sin embargo hay incompatibilidad de hecho entre los intereses partidistas de los políticos y las conveniencias económicas de la nación.
Como se sabe, los políticos actúan regularmente en función de atraer las simpatías y votos de los ciudadanos. Y aunque tal vez su intención no sea causar daño a la economía y la estabilidad social del país, la verdad es que con tal de quedar bien con los electores son capaces de ofrecer y negociar cualquier cosa.
Tal es el caso, por ejemplo, del pacto que hizo el Presidente Arnoldo Alemán con el FSLN, que abrió la posibilidad de que éste vuelva al poder en las próximas elecciones presidenciales con sólo el 35% de los votos, creando desde ahora una gran incertidumbre en diversos sectores económicos del país.
Otro caso es la insólita promesa que el Presidente Alemán hizo recientemente en la ciudad de Estelí, de perdonar las deudas de los adjudicatarios de viviendas populares construidas con financiamiento externo, sin importarle que con esa actitud refuerza la “cultura de no pago” que creó el populismo sandinista y que ha perjudicado la reconstrucción socioeconómica del país.
De modo que si en realidad se quiere que el nuevo diálogo nacional convocado por el Gobierno tenga resultados positivos para el país, los temas políticos deben tratarse por separado de los problemas económicos y sociales, los cuales deben ser ventilados con los representantes de los gremios empresariales, laborales y de la llamada sociedad civil.
Pero, en todo caso, lo primero que hay que resolver en relación con el anunciado nuevo diálogo nacional, es el problema de la desconfianza que hay en la ciudadanía después que el Gobierno no cumplió los más de 100 acuerdos que se tomaron en el diálogo anterior.
Al respecto LA PRENSA ha señalado, en anteriores comentarios editoriales, que en realidad no se necesita un diálogo nacional para que el Gobierno se comprometa, por ejemplo, a no inhibir a Pedro Solórzano ni a José Antonio Alvarado, ni tampoco es necesario el diálogo para destituir y castigar a los funcionarios corruptos, ni para garantizar la honestidad del proceso electoral, ni para mejorar las condiciones de inversión y operación de la empresa privada.
Sin embargo, dado que en la convocatoria gubernamental a un nuevo diálogo nacional se han involucrado los representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), cabe darle un voto de confianza y abrigar la esperanza de que en estas condiciones el Gobierno sí podría jugarle limpio a los participantes en el diálogo. Sólo que los representantes de la ONU y la OEA que han asumido la responsabilidad de organizar el nuevo diálogo nacional, tienen que aclarar a la ciudadanía si están actuando oficiosamente y a título personal, o si lo hacen de manera oficial, en representación de la comunidad internacional. Y sobre todo deben aclarar si ellos garantizarían que el Gobierno cumpla esta vez los acuerdos que se tomen en el diálogo nacional.
En lo que respecta a los partidos políticos democráticos, la importancia del nuevo diálogo político radica en la posibilidad de concertar con el Gobierno garantías para su participación en las próximas elecciones, y sobre todo que éstas serán efectivamente libres y limpias. En tanto que los empresarios y los líderes gremiales podrían buscar acuerdos para estimular el desarrollo de la economía, y para orientar la redistribución de los recursos públicos hacia el mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de la población.
Y sobre todo para controlar la corrupción, que es el peor de todos los onerosos impuestos que está pagando actualmente la sociedad nicaragüense.
