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A lo largo de los años 90 escuchamos en Nicaragua, con insistencia, que la competitividad es una de las claves para recuperar la economía del país, pero los mismos empresarios reconocen hoy que sus negocios dependen mucho del tráfico de influencias, lo que nos hace pensar que el “desarrollo de la competencia” ha sido puro cuento.
En una encuesta con empresarios nicaragüenses, promovida por el semanario Confidencial, el 61 por ciento dijo que la empresa privada recurre al tráfico de influencias para lograr sus objetivos. Eso indica que prevalece una competencia desleal y por supuesto que la inversión está bloqueada por esa corrupción.
Con frecuencia, representantes del Gobierno y de los empresarios piden que crezca la inversión en el país y haya más competitividad, es decir, más talento en los negocios, para que la economía nacional supere su inercia.
Pero es difícil conseguir crecimiento rápido de las inversiones en sectores productivos, si la competitividad sigue siendo sólo un lema y en la realidad muchas licitaciones las ganen empresas con menos competencia y mayor influencia política.
La caída de la industria nacional es un indicador, porque hoy apenas representa el dos por ciento de lo que fue y parece difícil su recuperación, mientras las empresas maquiladoras crecen con la ventaja de tener aquí mucha mano de obra barata, exención de impuestos y un mercado seguro en Estados Unidos.
Tal vez la industria no sea lo que más convenga a Nicaragua, porque hay otros campos donde podría tener ventajas, pero el potencial es apenas la base para desarrollar inversiones y éstas dependen del grado de competitividad que demuestren los empresarios locales y la que aporte el país con sus leyes.
El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Pasos, dice que la industria nacional ha sido afectada por problemas de transporte, entre otros, porque el 80 por ciento del comercio se hace a través del Océano Atlántico y Nicaragua carece de carreteras y puertos en ese litoral.
Se supone que la creación de esa infraestructura debió ser prioridad de la inversión pública desde hace décadas y si los gobiernos la han olvidado, los empresarios deben reclamarla con insistencia o buscar opciones para realizarla.
Sin embargo, es difícil exigir a un gobierno las condiciones cuando se depende del tráfico de influencias, porque al sector empresarial le quita liderazgo económico, le obstruye su desarrollo y lo deja en desventaja para competir con las multinacionales que se acercan a Centroamérica.
La competitividad debe comenzar por la erradicación de los lazos de corrupción con el poder político.
