La Alcaldía de Managua no tiene recursos para instalar un puente peatonal en un sitio del Paseo de la Unión Europea (carretera a Masaya), donde numerosos invidentes cruzan a diario para asistir a una escuela especial, pero sí tiene fondos para otorgar cuantiosas indemnizaciones a altos funcionarios que “renuncian” a sus cargos en la Comuna para conseguir opciones más lucrativas en las planillas del Estado.
Tal como informó LA PRENSA el sábado recién pasado, la Asociación de Ciegos “Maricela Toledo” ha solicitado a la Alcaldía de Managua que instale un puente peatonal a la altura del kilómetro 4 del mencionado Paseo de la Unión Europea, en la carretera a Masaya, donde por lo menos unas 80 personas que carecen del sentido de la vista cruzan diariamente para asistir a sus estudios en el Centro de Formación Especial para Personas Ciegas.
Acerca de este problema, el funcionario correspondiente de la Alcaldía de Managua explicó brevemente a LA PRENSA, que aparte de que él no ha recibido ninguna solicitud por escrito de que se construya un puente peatonal en el sitio mencionado, esa obra costaría unos diez mil dólares y por lo tanto “no se puede edificar de la noche a la mañana porque no está dentro del presupuesto de la institución”. Y aunque el funcionario agregó que “la Alcaldía está construyendo puentes, pero en coordinación con la empresa privada”, no manifestó ningún interés en resolver el apremiante problema de los ciegos que cruzan diariamente por una vía de máximo tráfico.
¿Cómo es posible que la Alcaldía capitalina no tenga los diez mil dólares que costaría un puente peatonal para proteger la vida de los ciegos, pero tiene para otorgar jugosas “indemnizaciones” a los altos funcionarios y empleados liberales de la Comuna capitalina, que renuncian a sus puestos para tratar de enchufarse en otros cargos públicos en los que esperan recibir remuneraciones todavía más lucrativas que los jugosos sueldos que disfrutan hasta ahora?
Aparte de que es una barbaridad regatear a los ciudadanos ciegos la construcción de ese puente peatonal, así como otras obras indispensables para la seguridad y la integración social de los discapacitados, ¿qué razón jurídica y moral tiene la cúpula de la Comuna de Managua para “indemnizar” (indemnizarse a sí mismos) con cuantiosas sumas de dinero a funcionarios públicos que fueron electos de manera directa o indirecta para servir al pueblo? Por supuesto que ellos responden que los autoriza la ley laboral de indemnizaciones, pero eso es un abuso, porque esa ley se aprobó para proteger a los trabajadores que son despedidos de sus empleos, no para regalar gruesas sumas de dinero a funcionarios opulentos.
Como es sabido, en un sistema republicano y democrático el fin de la función pública es procurar el bien común, y por lo tanto la primordial obligación de los funcionarios públicos es servir a los ciudadanos. De manera que el funcionario público está obligado a proceder con honradez e integridad, y debe declinar todo interés de obtener ventajas particulares, personales, familiares, amiguistas o partidistas.
Sin embargo, ese no es el caso de los altos funcionarios de la Alcaldía de Managua, que no sólo devengan sueldos y perciben viáticos y otros privilegios materiales astronómicos, sino que, además, ahora que una parte de ellos “renuncia” para ascender en la nomenclatura del Estado, se autoindemnizan con cuantiosas sumas de dinero que salen de los escuálidos bolsillos del contribuyente popular, y del empresario que hace incontables esfuerzos para producir.
Sin embargo, bien se dice que Dios ciega a los que quiere perder. Y en el caso de estos funcionarios públicos, los ciega con la codicia, la inhumanidad y el abuso de poder.
Afortunadamente la democracia tiene sus mecanismos de corrección, que entre otros son las elecciones. Y ahora que se van a celebrar elecciones de alcaldes y concejales, los ciudadanos deben abrir muy bien sus ojos y no ir a votar ciegamente otra vez por los políticos que han hecho del Estado un botín. Esos mismos políticos que ahora le niegan a los ciegos un puente peatonal, mientras se reparten a título de “indemnización” los recursos económicos que aportan los ciudadanos y las empresas contribuyentes.
