CONSUELO SANDOVAL
El diputado Eliseo Núñez, del Movimiento de Salvación del Liberalismo (MSL), anunció ayer que solicitará la anulación de las firmas presentadas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), debido a que resultaron con “el 42% de rúbricas falsificadas, que fueron invalidadas”.
Aseguró que el PLC para obtener 72,623 firmas válidas equivalentes al 3% del padrón electoral se vieron obligados a presentar 97,000 a fin de cumplir con el requisito de la Ley Electoral, es decir, añadió, que unas 25,000 rúbricas resultaron anuladas.
Núñez dijo que exigirán a los magistrados del Poder Electoral cumplan con sus propias disposiciones establecidas para la verificación de las firmas, o sea, indicó, que si el 5% de las firmas presentadas resultaba con errores y omisiones serían automáticamente invalidadas y la agrupación política quedaría fuera de los comicios electorales.
Consideró que el proceso de verificación de firmas es ilegal porque no está contenido en la legislación vigente.
Por su parte, el parlamentario Carlos García del MSL alertó que los magistrados se están tomando atribuciones que no están contenidas en la ley electoral, refiriéndose al proceso de verificación de firmas.
Pese a que admitió que el CSE no ha codificado las firmas del MSL y algunos colegas del PLC que no identificó, les han informado de la intención que existe para eliminarlos de la contienda electoral, coincidiendo con la denuncia que hizo el pasado lunes el Partido Liberal Nacionalista (PLN).
García advirtió que después de la verificación de firmas adoptarán algunas acciones que irían desde protestas en las calles y ante las sedes de los organismos internacionales.
Por su lado, el fiscal del PLN, Leonel Teller, indicó que el sistema de verificación es desconocido para los partidos políticos, ya que para saber si funciona o no tendrían que contratar a especialistas en informática y no tienen esa oportunidad.
Teller dejó entrever que de nada sirve que asistan al proceso de verificación si liberales y sandinistas se quedan después del horario establecido y “ningún fiscal sabe qué se quedan haciendo en las instalaciones”.
