CONSUELO SANDOVAL
Directivos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reaccionaron sumamente cautelosos ante la denuncia que enfrenta por daños al Estado, el ex director general de Ingresos Byron Jerez en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen, que podría generar en su posible destitución del cargo de tesorero de la oficialista agrupación política.
Ninguno de los consultados por LA PRENSA quiso pronunciarse a favor de proponer a las instancias ejecutivas del CEN, abordar la conveniencia o no de mantener a Jerez en el cargo de tesorero del partido, a riesgo de deteriorar la imagen del PLC.
La secretaria de organización del CEN, Jamileth Bonilla, manifestó que no cree que pueda ser abordado por el partido, no obstante, consideró que debería ser discutido por sus correligionarios para sentar una posición.
Para Bonilla el tema no le compete abordarlo a título personal porque corresponderá al presidente nacional del partido, Leopoldo Navarro, la Junta Directiva Nacional o la comisión disciplinaria pronunciarse al respecto.
“Yo creo que hay que esperar que se acabe todo lo de la DGI y seguramente el partido lo mirará posteriormente”, indicó.
Por su parte, el jefe de la bancada liberal, Dámisis Sirias, recordó que “hay un principio universal del derecho que dice que cualquier indiciado es inocente mientras no se le demuestre lo contrario, es decir, que mientras no tenga suspensos sus derechos ciudadanos él (Jerez), puede hacer todo”.
“No podemos decir que porque a alguien lo estén acusando de algo hay que suspenderle todos sus derechos, ni siquiera cuando tenga un auto de prisión, sino hasta que se dicta una sentencia definitiva”, afirmó el legislador.
En tanto, el parlamentario Jaime Bonilla respondió con evasivas, pero coincidió con Sirias en que “mientras no haya una sentencia firme, a mí no me pueden desaforar de la Asamblea Nacional y puedo mantener mi condición de diputado”, dijo en un intento por establecer una similitud con el caso Jerez.
El ex director de Probidad de la Contraloría, Rafael Córdova, interpuso formal denuncia contra Jerez por el delito de daños al Estado ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen, por supuestos hechos ilícitos contra los intereses públicos.
Córdova decidió interponer personalmente la denuncia por considerarse insatisfecho con la resolución de la Contraloría en el caso de los “checazos”, en la que solamente determinó responsabilidad administrativa contra Jerez y el presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), Jorge Solís.
