- El fallo de la Contraloría puede dar paso a un proceso judicial por parcialidad en el resultado o contravención de la ley
- Contralores “no quisieron objetivamente encontrar lo que estaba a la vista”, apunta catedrático de la UCA
- Procurador Centeno considera “atinado” dejar la causa abierta para futuras investigaciones
NOHELIA GONZALEZ
Los tres miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que resolvieron el miércoles no imputar responsabilidades penales y recomendar la destitución del Director General de Ingresos, Byron Jerez, tras establecer responsabilidades administrativas en su contra, podrían ser acusados de encubridores, aseguró el experto en derecho penal, Dr. Sergio García Quintero.
Quintero, quien sostuvo que la entidad colegiada no necesitaba pruebas ni evidencias para establecer presunciones penales a los funcionarios públicos implicados en el caso, asegura que la Juez Primero de Distrito del Crimen, Marta Quezada, a partir de la denuncia interpuesta por el ex funcionario de la CGR, Dr. Rafael Córdoba Alvarez, “podría arrastrar todos los elementos y colindar la demanda contra Byron Jerez”.
Para el jurista, aún sin que hubiese una demanda de por medio, cualquier Juez de Distrito del Crimen estaría llamado a perseguir de oficio el caso y dar curso a una investigación que determine por qué la Contraloría no actuó apegada a derecho.
Agregó que la resolución fue totalmente politizada y revela que los contralores “han actuado notoriamente en contra de la ley y por lo tanto el juez, está obligado además de conocer el caso, ya sea por denuncia de un ciudadano o porque levante autocabeza de proceso, a analizar la conducta de la Contraloría y perfectamente se les puede imputar delitos, ya sea por haber fallado contra ley expresa o haber demostrado parcialidad”.
El experto en Derecho Penal, sostuvo que cuando el Presidente de la Contraloría colegiada, Guillermo Argüello Poessy, reconoció que no siguieron lo que la ley mandaba, se aproximó a la figura del prevaricato, “puesto que él estaba obligado a haber recabado toda la documentación que le habían negado a (Agustín) Jarquín y el funcionario que se la negara cometía delito de desacato y él podía recurrir a la Policía para que se le abriera cualquier archivador de documentos”.
Aclaró que la Contraloría necesita presunciones, “la presunción es un juicio deductivo de la autoridad que en base a los hechos que se conocen deducen que pueden haber situaciones que no corresponden al orden legal. Eso es lo que tenía que haber establecido, no eran pruebas”.
“No eran pruebas, no eran evidencias las que necesitaban. De tal manera que cuando (Argüello Poessy) dice que la mejor evidencia es que no hay evidencias, uno dice también que no hay peor ciego que el que no quiere ver”.
Señaló que en el caso del Director General de Ingresos, Byron Jerez, el órgano colegiado debió estipular presunción de responsabilidad penal y agregó que sería una “sana práctica” que la Contraloría pusiera información a disposición de los tribunales.
“Estos son delitos perseguibles de oficio. Cualquier juez del Crimen estaba obligado a haber levantado un autocabeza de proceso, pero ahora que ya se dictó esa resolución, el Juez tiene todavía mucha más potestad para levantar el autocabeza de proceso y solicitar la información a la Contraloría”, agregó Quintero.
A juicio del jurista con la resolución emitida ayer quedó demostrado que “no valió la pena ninguna reforma a la Constitución Política, pues el problema no era que tenían que ser cinco miembros sino que existiera voluntad de fallar apegados a derecho”.
Por su parte, el abogado y catedrático de la Universidad Centroamericana, Ramiro Jerez Montiel, señaló que en la resolución de la Contraloría “se ve que minimizaron o no quisieron objetivamente encontrar lo que estaba a la vista”.
Coincidió con Quintero en que la resolución fue politizada, lo cual lo atribuye a la mayoría liberal que integra la Contraloría y a que Byron Jerez goza de la confianza del Presidente Arnoldo Alemán. “Está absolutamente politizada, el licenciado Byron Jerez es muy afín con el presidente, es una persona de peso entre los liberales que tienen mayoría en la Contraloría”.
Agregó que existen suficientes evidencias como para establecer presunciones penales en contra del titular de la DGI, mismas que darían pie al inicio de la acción penal por parte de la Procuraduría de Justicia. “Si fuese cualquier cristiano ya estuviera en los tribunales”.
Al respecto, el Procurador General de Justicia, Julio Centeno Gómez, expresó que aún cuando el resultado de la resolución no da pie a la actuación de la Procuraduría, le pareció “atinado” el voto razonado del Contralor José Pasos Marciaq, quien sugirió dejar la causa abierta para futuras investigaciones.
No obstante, sostuvo que debido a que la resolución de la Contraloría no establece mérito para llevar el caso a los tribunales y en base al artículo 156 de la Constitución, esa entidad se ve limitada en su actuación.
“Frente a esta situación en que el presidente de la Contraloría fue claro cuando dijo que encontró evidencia para pasar el caso a los Juzgados, al decir eso la Procuraduría no tiene participación”, añadió.
Sostuvo que la limitación viene de las reformas a la Constitución hechas en 1995, las cuales le quitaron competencia a la Procuraduría y a los tribunales para decidir sobre las causas en contra de los funcionarios públicos que cometen delitos. Por ello sostuvo que los procesos en contra de funcionarios públicos señalados de cometer delitos, se ubican en “terrenos conflictivos”.
