JORGE LOAISIGA MAYORGA
El vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Francisco Ramírez, envió ayer una carta al Diario LA PRENSA solicitando documentos que este rotativo tiene en su poder, referente a las compras hechas por la Dirección General de Ingresos (DGI) de manera irregular con empresas vinculadas a su director general, Byron Jerez, y el hermano de éste, Gerold Jerez.
La misiva de Ramírez está fechada el 26 de mayo pasado y fue recibida ayer en este Diario, es decir ocho días después de haber sido firmada.
Este redactor recibió la carta a las 2:30 de la tarde de manos de un empleado de la Contraloría.
La pregunta que se hace LA PRENSA es: ¿Por qué esta carta no llegó a nuestra sala de redacción en la fecha en que fue emitida, sino después de ocho días y un día después que se dio a conocer la resolución del caso Jerez?
Según el contenido de la correspondencia, el Consejo Superior de la Contraloría aprobó por unanimidad en la sesión número 34 de ese día a las nueve de la mañana, solicitar a este Diario de manera respetuosa, que se les suministrara copia de los documentos que tiene en su poder, respecto a las indagaciones y exámenes que realizaba la Contraloría en el caso de las compras hechas por la DGI a empresas fuera del país.
Las empresas a que hace referencia Ramírez en su misiva son Business Express, Industrias El Cortijo, Asesores Financieros, S.A. (ASEFINSA) y Miami Delivery y Cargo, entre otras.
Esta última es una empresa propiedad del hermano del ex titular de la DGI, Gerold Jerez, quien en una entrevista realizada en las oficinas de esa empresa en Miami admitió que la sociedad era de su propiedad.
ASEFINSA es una sociedad que está registrada en Panamá, y en Nicaragua hay una subsidiaria cuya representación legal la tiene el ex director general de Ingresos.
Mientras que Industrias El Cortijo S.A. es una empresa legalmente inscrita en el Registro Público de Panamá, donde al Diario LA PRENSA se le extendió el pasado 12 de mayo una certificación oficial de ese registro firmado por la certificadora Mayra G. de Williams, donde se expresa que Byron Jerez tiene un poder amplio de representación de esa sociedad.
En la conferencia de prensa del miércoles último, Ramírez entregó a LA PRENSA copia de un documento extendido por la abogada de Industrias El Cortijo en 1997 en que se afirma que el poder de Jerez fue retirado en ese año.
La duda que queda en este asunto es si Jerez dejó de ser representante de El Cortijo en 1997, por qué en el Registro Público de Panamá aún aparece como tal y no ha sido reportado un nuevo representante.
Otras facturas con las que la DGI soportó las compras corresponden a las empresas DAP Internacional Inc, Secad Internacional Corporation, Altamira Corporation, Sun Internacional Corporation, las que no aparecen en el registro de corporaciones de la Florida, y en cada una de las facturas aparecían direcciones y números de teléfonos de Miami.
Estas son las inconsistencias y vacíos que dejó la Contraloría en su investigación al no hacer las verificaciones pertinentes sobre las mencionadas compras.
