La resolución que la Contraloría General de la República emitió el miércoles recién pasado en relación al caso de los “checazos” y de las compras irregulares de la Dirección General de Ingresos (DGI), no es sólo una bofetada y una burla al pueblo nicaragüense que exige un combate serio a la corrupción, sino que es un acto que reduce drásticamente las posibilidades de mejorar su estándar de vida. Eso se debe a que la inoperancia de las instituciones de un país constituyen un estímulo formidable y eficaz para terminar con todo deseo de invertir en ese país.
Ningún inversionista experimentado se sorprende ante los actos de corrupción cometidos en el gobierno de cualquier país del mundo. Ellos saben que son inevitables. Lo que sí los sorprende, aterroriza y ahuyenta, es ver que las instituciones destinadas a combatirlos sean inoperantes e inefectivas. Pero hay todavía algo que los aterroriza aún más: es cuando ellos se enteran de que tales instituciones son encubridoras de actos de corrupción.
Y eso, ni más ni menos, es lo que este miércoles demostró ser la Contraloría colegiada que preside el Dr. Guillermo Argüello Poessy. Su mensaje es claro: la Contraloría en Nicaragua es un instrumento al servicio del poder político y existe exclusivamente para encubrir y proteger a funcionarios públicos corruptos. Podemos estar seguros que ese mensaje le ha hecho un daño muy serio a Nicaragua.
El afán encubridor del órgano fiscalizador del Estado se hizo patente cuando al encontrarse con negativas de instituciones financieras y de funcionarios públicos para responder preguntas y suministrar información necesaria, que permitiera el total esclarecimiento del caso de los checazos, la Contraloría rehusó auxiliarse del Poder Judicial. Pudiendo haberlo hecho ¯y debiendo haberlo hecho¯ no lo hizo. Eso no puede ser interpretado más que como un manifiesto interés de encubrir y proteger a los implicados en los actos de corrupción.
El reporte de la investigación que los auditores de la Contraloría le pasaron al Consejo Superior de ese ente colegiado, y en el cual éste basó su resolución, señala que “…el producto del cheque No. 479 emitido a favor de INISER y/o Juan Alberto Gómez por 2,160,000 (dos millones ciento sesenta mil córdobas netos), quedó en poder del Lic. Byron Jerez Solís, Director General de Ingresos”, añadiendo que, “No existe evidencia suficiente y competente que nos indique que el producto del cheque No. 479 fue utilizado para comprar el Cheque de Gerencia del BANPRO No. 0066832, aún cuando ambos cheques sean por el mismo valor”. A una conclusión similar había llegado antes la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional.
Esto bastaba para que la Contraloría se apoyara en el Poder Judicial y entonces poder dilucidar por completo el caso, o bien, para que se lo transfiriera a la Procuraduría General de la República para que esa institución continuara la investigación. No obstante, prefirió darlo por cerrado y aplicar simples sanciones administrativas, haciendo creer a la gente que “no se ha perdido ni un solo peso”, como cínicamente dijo Jerez en sus recientes declaraciones a los medios de comunicación.
Ante la inoperancia, negligencia y falta de voluntad de la Contraloría para esclarecer el trasfondo de las irregularidades, y ante la improbabilidad de que la Procuraduría General de la República decida investigar el caso ?como debiera hacerlo¯, un ciudadano, el Doctor Rafael Córdoba Alvarez, ex Director de Probidad de la Contraloría, introdujo el miércoles una denuncia ante el Primer Juzgado de Distrito del Crimen, a cargo de la Dra. Martha Quezada, para que investigue qué fue lo que verdaderamente pasó en este bochornoso caso. Mientras eso no se aclare, Nicaragua entera, sumida en la frustración y el desencanto, sigue preguntándose: ¿Dónde está la plata?
