Lucía Navas
Positivo. Así fue valorado el primer año de funcionamiento del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, al haber resuelto el 89 por ciento de los 1,105 reclamos de las empresas por desacuerdos con las disposiciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y la Dirección General de Ingresos (DGI).
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Sin embargo, los legisladores de Nicaragua ven necesario aumentar la partida presupuestaria de este órgano, a fin de que amplíe su capacidad de recepción y atención de las causas, al prever que las mismas irán incrementando.
El Tribunal, de acuerdo a su ley creadora, es la última vía administrativa a la cual tiene derecho recurrir el contribuyente cuando no está conforme con alguna resolución de la DGA y la DGA.
Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, considera que siendo dicho tribunal el órgano administrativo superior de los entes recaudadores como son Ingresos y Aduana, “es correcto” fortalecerle con mayores recursos económicos.
El presupuesto aprobado para 2013 del Tribunal Aduanero y Tributario es de poco más de 16.7 millones de córdobas.
“Observamos que casi el 89 por ciento de las causas presentadas fueron resueltas, y eso demuestra que están trabajando y funcionando, y hay que reconocer que están funcionando con recursos sumamente limitados”, admite Gutiérrez.
Alertó que de no darle mayores recursos el Tribunal puede llegar un momento que sus capacidades no sean suficientes para resolver los casos que se le presenten.
LA MAYORÍA DE RECLAMOS SON CONTRA LA DGA
En el informe del primer año de gestión, el Tribunal reportó que 931 reclamos fueron presentados contra la DGA, en tanto contra las disposiciones de la DGI fueron 174.
Marlon Brenes, presidente del Tribunal Aduanero Tributario, mencionó que los reclamos más comunes contra la DGI son por los ajustes que se hacen a las declaraciones de impuestos anuales de los contribuyentes y por los ajustes a las auditorías, que implican tributar más.
Los casos contra la DGA son principalmente por infracciones administrativas impuestas a los importadores cuando se cometen errores de anotación, por supuesta incorrecta clasificación de la mercancía y por el origen de estas.
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