Alba

En 1959, durante una reunión de cancilleres en Santiago de Chile, los gobiernos de América decidieron crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de promover y preservar en el Hemisferio Occidental un conjunto de valores mínimos para la convivencia en sociedades democráticas, plurales y tolerantes. Cuando una década después aprobaron la Convención Americana de Derechos Humanos, la mayoría de los Estados latinoamericanos decidieron ceder, voluntariamente, una porción de su soberanía para someterse a una supervisión internacional que los miembros de la CIDH (y, luego, de la Corte Interamericana y, más adelante, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) tendrían a su cargo a efectos de salvaguardar esos derechos básicos allí donde hubiere gobiernos lo suficientemente indolentes, autoritarios o dictatoriales que los pusieran en riesgo. Fue (y todavía lo es) una herramienta que, con el paso de los años, se revelaría muy importante para los ciudadanos que podían apelar a ella cuando los abusos del poder se pasaran de la raya en sus propios países.