Washington/AFP
Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) mostraban ayer desacuerdos sobre el futuro del guardián de los derechos humanos regional, la Comisión Interamericana (CIDH), que ha alertado contra posibles daños a su funcionamiento.
La Asamblea General Extraordinaria en Washington, que intentaba cerrar un proceso de reformas de la CIDH iniciado hace casi dos años, se prolongaba por más de nueve horas tras haber comenzado a las 12H00 locales (16H00 GMT) en medio de arduas negociaciones para acercar posiciones.
La piedra de tranca era la posición de Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que no quieren que se ponga punto final al proceso porque denuncian persistentes “distorsiones” de la CIDH, a la que acusan de ser parcial en su contra y responder a intereses estadounidenses.
Ayer, Estados Unidos anunció una contribución extraordinaria de un millón de dólares porque “somos firmes en nuestro compromiso con los principios democráticos”, expresó el subsecretario de Estado, William Burns.
México anunció 300,000 dólares y Chile prometió un aporte “suplementario”, cuyo montó no especificó inmediatamente.
Argentina ya había anunciado en días pasados una contribución de 400,000 dólares.
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Por ello, esos cuatro países propusieron sorpresivamente un nuevo proyecto de resolución que llama a que “continúe el diálogo sobre el funcionamiento” de la misma hasta la asamblea anual de junio en Guatemala, por lo que un grupo de trabajo paralelo al debate principal intentaba acoplarlo a otro proyecto que había sido negociado en días pasados.
Los comisionados de la CIDH son “autónomos en sus funciones”, pero no son “independientes para decidir sus funciones”, lo cual corresponde a la OEA, expresó Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano, en un duro discurso contra la CIDH.
Ecuador y sus aliados reivindican las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían sacar la sede de la CIDH de Washington, prohibir su financiación fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión.
Pero un grupo nutrido de países, encabezado por Estados Unidos, Canadá, Perú, México y Chile, que deseaban que el proceso de reformas finalizara ayer, dieron una firme defensa de la CIDH. “Por más de cinco décadas, la Comisión ha fungido de conciencia moral del continente”, afirmó el subsecretario del Estado estadounidense, William Burns. “Debemos estar alerta ante algunos esfuerzos de debilitar la Comisión disfrazados como reformas”, advirtió.
“Los pueblos tienen memoria y los pueblos saben que es mejor tener una Comisión Interamericana que no tenerla, porque hoy en día estamos atravesando democracias, pero cuando la necesitemos para combatir una dictadura, si no la protegemos hoy, no va a estar”, expresó Héctor Timerman, canciller de Argentina, al defender la CIDH.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se unió al llamado a “mantener a toda costa” la autonomía de la CIDH y “cerrar este debate”, lo que también exigen numerosas organizaciones no gubernamentales y la propia Comisión, que desea cerrar este capítulo y volver a su trabajo habitual.
La CIDH presentó esta semana su plan de reformas, con el cual asegura haber contestado a “todas y cada una” de las recomendaciones hechas por la OEA, como más claridad en el otorgamiento de medidas cautelares o la ampliación de un polémico capítulo de su informe anual que hasta ahora era una especie de “lista negra”, que ha incluido a Venezuela, Cuba y Colombia.
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