Trabajadores de zonas francas son víctimas de extorsiones por parte de prestamistas. ARCHIVO

Trabajadores de zonas francas son víctimas de extorsiones por parte de prestamistas. ARCHIVO

«Nos pueden matar»: los préstamos extorsivos que asfixian a los trabajadores de zonas francas

En los parques industriales del país hay prestamistas que llegan a ofrecer dinero a los trabajadores y que terminan cobrándolos con intereses usureros. A algunos les embargan sus salarios y a otros los amenazan de muerte, pero casi nadie se atreve a denunciarlos.

Contenido Exclusivo SOLO PARA SUSCRIPTORES.

Joaquín solo duerme tres horas al día. Cuatro, si en el camino le da chance de sentarse en el bus que lo lleva de su casa a una zona franca de Los Brasiles, en Mateare, en donde trabaja cargando sacos y moviendo maquinaria de procesamiento de alimentos. 

«Entro a las siete de la mañana y salgo a las cinco (de la tarde). Me pongo a taxear en la noche y ya como a las dos o tres de la mañana voy buscando la casa para dormir un rato antes de irme al trabajo a las seis», cuenta este hombre de 32 años, padre de dos hijos de 5 y 11, y con su padre enfermo de insuficiencia renal crónica. 

En enero de 2026, a Joaquín no le estaba yendo muy bien económicamente. Necesitaba pagar gastos de su casa, de la enfermedad de su padre, del colegio de su hijo mayor, además del pago a una microfinanciera con la que ya se había endeudado desde meses atrás. 

Un compañero de su trabajo le sugirió entonces lo que en ese momento parecía una solución rápida: 

–Prestále a los garroteros. 

–Yo no entiendo cómo es eso –respondió Joaquín. 

–Te voy a hacer el conecte y vas a ver que rápido salís de eso. 

Los garroteros, como le llaman Joaquín y el resto de sus compañeros de trabajo, son prestamistas que se acercan a los trabajadores de zonas francas para prestarles dinero que deben pagar en un mes con el 20 % de interés. Si la persona no paga, el siguiente mes crece la deuda a un 20 % más. El término de garrotero es porque si la persona no paga «te agarran a garrotazos». 

Miles de trabajadores de zonas francas llevan siendo víctimas de estas redes de prestamos extorsivos durante años. ARCHIVO

Joaquín prestó entonces 4,000 córdobas. Con eso completó para los zapatos del colegio de su hijo, para unas medicinas y comida que necesitaba su padre y para dar una pequeña cuota a la microfinanciera. Y como le sobró un poquito, invitó a su esposa y sus niños a comerse un helado en el parque. 

«Mi idea era que con el próximo pago yo iba a pagar eso, pero la mujer se me enfermó, tuve otros gastos con el niño ahí y al final no llegué ni a juntar mil pesos», relata Joaquín. Como él aceptó pagar el 20 %, Joaquín debía 4,800 córdobas.  

Llegó el día 30 de ese mes. Fecha de pago y cuando «los garroteros» llegan a cobrar a todos a los que les prestaron. Joaquín dice que esa vez llegó con mucha pena donde el hombre que le había prestado y le pidió que le diera más chance, que le aceptara los 850 córdobas que tenía como abono. 

— No hombre, no te preocupes. El siguiente mes te pones al día. 

— Muchas gracias. No le voy a quedar mal –prometió.  

Joaquín sintió que el hombre había sido amable con él. No pensó que aquella bondad se trataba de una trampa para que se terminara endeudando más. Al final de noviembre de este año, Joaquín le deberá más de 29,000 córdobas al garrotero. Su salario, de menos de 12,000 córdobas no le alcanza para sostener su hogar y pagar la deuda. 

Lea también: Decapitados y ejecutados: así cobran préstamos las redes criminales en Nicaragua

«Por eso ando haciendo taxi ahora, para sacar algo ahí y pagar eso. Y yo no soy el único. Hay varios que están así y si no pagamos nos pueden hasta matar», detalla Joaquín, que no es su verdadero nombre, si no el seudónimo que le hemos puesto para que su garrotero no lo identifique ya que les advierten que «cuidadito con andar hablando con la Policía o lo que sea». 

Préstamos extorsivos 

Un analista en temas de seguridad que solicita no revelar su nombre señala que el problema de los prestamistas en las zonas francas es un fenómeno que sucede desde hace unos 10 años en Nicaragua. 

Esto no es algo que sucede solamente en las zonas francas de Los Brasiles. Hay casos los parques industriales de Las Mercedes, en Tipitapa, en Masaya, en Ciudad Sandino y más. Casi nadie se atreve a denunciarlo por temor a los mismos prestamistas que los intimidan.

Un representante de sindicatos de las zonas francas, que también solicita anonimato, explica que en otros parques industriales como en Las Mercedes conocen a estos prestamistas como «usureros». 

«Prestan al 20 % quincenal y han llegado hasta el punto en que golpean a la gente. Les quitan sus pertenencias y las golpean. Otros se van hasta las casas de los trabajadores, les quitan sus electrodomésticos y lo que tenga», detalla. 

En las zonas francas los trabajadores reciben salarios bajos y la carestía de la vida los lleva a ser víctima de los prestamistas. ARCHIVO

Por su parte, el analista explica que «esta es una modalidad de préstamo extorsivo que implementaron algunas redes de prestamistas simulando a los cuentagotas». Este tipo de préstamo «cuentagota» o «gota a gota» es un modelo extorsivo importado desde otros países como Colombia. Consiste en ofrecer dinero inmediato, generalmente sin garantías, fiadores, ni análisis de riesgo. 

Sus principales clientes son pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, emprendedores o trabajadores de escasos recursos como Joaquín, que no tienen acceso al crédito bancario o necesitan dinero en efectivo con urgencia.  

Los intereses oscilan desde el 10 % hasta el 30 % mensual. La aparente facilidad del préstamo esconde el riesgo de quedar atrapado en una deuda difícil de pagar.  

«Ellos se aprovechan de que son personas humildes, muchos sin estudios y son gente que vive como decimos coyol quebrado, coyol comido», señala el analista. Además, hay una trampa en el porcentaje del interés. 

En el caso de Joaquín, su interés sería al 20 %. Por ello, cuando le dijeron la primera vez que podía ponerse al día al siguiente mes, pensó que la deuda seguiría siendo de 4,800 córdobas, pero se dio cuenta que ese 20 % era sobre la deuda original más los intereses acumulados. 

«Esa es una diferencia entre el porcentaje simple, que es sobre la deuda inicial, y el porcentaje compuesto, que es la deuda inicial más los intereses acumulados. Eso no se los explican y por supuesto que después la gente se ve endeudadísima y no puede pagar», detalla el analista. 

«Muchas veces pasa que los trabajadores pagan hasta un 200 % del préstamo», denuncia el sindicalista. 

Cobran con violencia 

De acuerdo con el sindicalista, la mayoría de los usureros iniciaron como trabajadores de las mismas zonas francas prestando dinero. Antes pedían como garantía las cédulas de identidad de las personas, pero ahora «toman las tarjetas de débito y los días de pago vacían los cajeros automáticos porque andan hasta 200 tarjetas. Ellos agarran lo que le corresponden y el trabajador tiene que esperar horas para que le den su dinero», explica. 

«La pregunta es qué hacen los bancos porque en los cajeros automáticos hay cámaras y se sabe quiénes son los usureros por las grandes transacciones que realizan», insiste.

Los atrasos en estas deudas pueden provocar recargos, intimidaciones, amenazas contra familiares, agresiones físicas y, en los casos más graves, homicidios. 

Joaquín dice que en su caso no se han metido con su familia, «pero me da miedo porque sí sé de compañeros que los han amenazado con sus hijos o sus hermanos si no pagan. A mí gracias a Dios todavía no llegan a eso de meter a mi familia». 

Sin embargo, a Joaquín ya lo han golpeado por no poder pagar su deuda. Un día de agosto, cuando no pudo pagar, el garrotero le dijo a Joaquín que lo acompañara a hablar aparte para llegar a un acuerdo. 

De repente, cuenta Joaquín, «aparecieron unos hombres y entre los tres me cachimbearon. Que el siguiente mes pagara o pagara porque la próxima vez no me iban a dejar ni para contar el cuento». 

Los prestamistas entregan dinero con intereses de hasta el 30 % sobre el saldo inicial. ARCHIVO

Desde septiembre de 2026, el garrotero le viene quitando 3,000 córdobas a Joaquín de su salario. Lo que hacen es que lo llega a buscar al trabajo al final de mes y le quitan su tarjeta de débito con su clave para ir a retirar el pago a un cajero. 

Luego le dan el dinero restante y le dicen que va a seguir así hasta que logre pagar todo lo que debe. «Que es como una multa, eso es lo que te dicen», detalla. 

Por eso eso es que Joaquín optó por prestarle el taxi a un primo suyo y trabajar por las noches en busca de reponer esos 3,000 córdobas que le quitan, pero también para juntar más dinero y terminar de pagar la deuda, porque mientras no la termine de pagar, los intereses seguirán subiendo. 

«Y eso que mi deuda todavía es pequeña. Pero hay gente que debe 40,000 o 50,000 pesos. Esos sí están más jodidos». 

El sindicalista por su parte señala que hay casos en los que los prestamistas «tienen gente armada, cobradores» que intimidan a los deudores e incluso cuentan con colaboradores dentro de las mismas zonas francas. «En algunas empresas personas de recursos humanos se encargan de avisar a los prestamistas cuando un trabajador renuncia y el día que le darán su liquidación». 

Autoridades no investigan 

De acuerdo con el analista, la Policía debería estar tras estas redes de préstamos en las zonas francas para acabar con las amenazas a los trabajadores, pero «no están enfocados en la seguridad ciudadana ahorita», si no en la vigilancia y represión contra opositores. 

«La Policía tendría que estar investigando esto de oficio porque se sabe de estos prestamistas desde hace años y no han hecho nada por detenerlos o investigarlos. En Nicaragua las amenazas por deuda son un delito», señala.  

Lea también: Bienvenidos al cártel: los nicaragüenses reclutados para matar y morir en México

Además, «esto bien puede tipificarse como crimen organizado». El analista tampoco descarta que algunos agentes de policía «puedan estar colaborando con estas redes». 

Por su parte, el sindicalista señala que los mismos trabajadores «no se atreven a denunciarlos ante la policía porque temen por sus vidas. Las empresas saben quiénes son los usureros dentro y fuera de las empresas, pero no hacen nada porque prácticamente es afuera (de la empresa) y la Policía ni llega».

En Nicaragua, prestar dinero con intereses es una actividad legal, pero está sujeta a regulaciones que buscan impedir los abusos contra los deudores. La Ley 176, Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares, y la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, establecen límites a los intereses que pueden cobrarse. 

Los trabajadores de zonas francas llevan más de 10 años siendo victimas de estas redes. ARCHIVO

Según el artículo 75 de esta última, la tasa máxima permitida para los préstamos entre particulares no puede superar el doble de la tasa promedio ponderada que cobran los bancos comerciales autorizados, publicada por el Banco Central de Nicaragua. 

Por ejemplo, si la tasa promedio de los bancos es 15 por ciento de interés anual, un prestamista particular podría cobrar hasta 30 por ciento de interés anual, o sea 2.5 por ciento mensual. Si alguien cobra 20 por ciento mensual estaría cobrando 240 por ciento anual, y eso es un delito. 

Cuando un prestamista cobra intereses por encima de los límites legales, puede incurrir en el delito de usura, tipificado en el artículo 263 del Código Penal. La legislación establece penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 100 a 1,000 días multa. Si el responsable se dedica habitualmente a prestar dinero, la pena aumenta de dos a cinco años de cárcel, además de multas e inhabilitación para ejercer esa actividad.  

La ley también prohíbe prácticas como cobrar intereses sobre intereses o disfrazar los cobros excesivos mediante comisiones y otros conceptos. Cuando se declara la nulidad de los intereses excesivos, el deudor sigue obligado a devolver el capital recibido y los intereses legalmente exigibles. 

La situación adquiere otra dimensión penal cuando los prestamistas recurren a amenazas, intimidación o violencia para recuperar el dinero, como ocurre en algunas modalidades de los llamados préstamos gota a gota. El artículo 228 del Código Penal castiga la extorsión con penas de dos a cinco años de prisión cuando, mediante violencia o intimidación, se obliga a una persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio para obtener un beneficio ilícito. 

Puede interesarte
×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí

Atención al suscriptor