La nicaragüense Maureen Porras, concejal de la ciudad de Doral, Florida, en Estados Unidos, busca reabrir el debate sobre el acuerdo de colaboración, conocido como 287 (g), que existe entre la ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Porras denuncia que funcionarios municipales impidieron el debate propuesto en la agenda del Concejo Municipal, en al menos dos ocasiones.
Dicho acuerdo que fue firmado el 7 de enero de este año otorga a los departamentos de policía locales un papel en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Porras recuerda que Doral fue una de las primeras ciudades en firmar el acuerdo, después de que el abogado municipal les indicara que la legislación estatal los obligaba a suscribirlo, pero posteriormente conoció opiniones legales distintas, por las cuales otras ciudades pudieron abstenerse a firmarlo sin enfrentar penalizaciones.
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«Creo que hay suficientes posiciones de ciudades y también hay opiniones legales que han salido de que tal vez no era necesario que nosotros entráramos en el acuerdo. La razón por la cual entramos (fue) porque nuestro abogado nos dijo que era algo que la ley estatal nos imponía y desde ese entonces hemos visto diferentes opiniones legales, otras ciudades no entraron sin ningún tipo de de de penalización», menciona.
La concejal destaca que previo a las elecciones del Concejo Municipal de Doral el pasado 3 de noviembre, en las que ella logró la reelección tras una contienda que calificó como reñida, recibió solicitudes de residentes para revisar o revertir el acuerdo. «Muchos de los residentes y votantes me solicitaron revertir y revaluar ese acuerdo, fue gran parte de lo que me solicitaban y también de lo que en verdad se veía que la comunidad quería hacer», dijo.
«Mi compromiso era traerlo a discusión»
Una vez pasaron las elecciones, Porras sostiene que «mi compromiso era traerlo a discusión» en el Concejo Municipal con la intención de revisar los cambios y ver si el abogado de la ciudad cambiaba de opinión para que el acuerdo con el ICE fuera revertid, sin embargo, denuncia que se lo han impedido y sus iniciativas no han avanzado.
«Primero el abogado de la ciudad me bloqueó diciendo erróneamente que no lo había sometido a tiempo; y este miércoles 18 de noviembre, durante la reunión del Concejo Municipal traté de introducir el tema de nuevo, y el abogado no estuvo de acuerdo y lo que hizo el Concejo fue básicamente decidir que no se iba a discutir hasta que recibiéramos una opinión del abogado o del fiscal del estado de Florida», denuncia.
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Lo anterior, detalla Porras, significa que el acuerdo con el ICE no se va a abordar en diciembre o hasta que tengamos algún tipo de respuesta.
Consultada sobre si considera que existe alguna presión política del gobierno estatal para impedir que los funcionarios municipales aborden y cuestionen el acuerdo con el ICE, Porras dijo que percibe temor entre sus colegas.
«Creo que mis colegas tienen miedo de discutirlo y debatirlo, por algunas repercusiones del Estado, pero es un tema tan importante que tienen miedo de responder preguntas y hasta revertirlo», sostuvo.
La concejal afirma que si continúan impidiendo que el Concejo Municipal discuta el acuerdo, ella podría recurrir a acciones legales. De hecho, adelanta que ya conversa con abogados para conocer las opciones disponibles.
Impactos migratorios en Doral
Aunque Porras considera necesario revisar el acuerdo, no atribuye directamente a este convenio el incremento de las acciones federales en la ciudad, pero sí reconoce que la comunidad se ha visto afectada. La concejal indica que el Departamento de Policía de Doral no ha utilizado el acuerdo para apoyar operativos de ICE.
«Hemos visto el impacto de los enforzamientos de migración, pero no creo que es necesariamente por el acuerdo. Hemos visto las actividades federales ser bastante fuertes, hemos visto negocios impactados, miembros de nuestra comunidad que han sido detenidos y deportados, personas que tienen miedo de salir de sus casas, baja productividad, bajos consumidores (…) ha impactado nuestra ciudad a nivel económico y moral», detalla.
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Por eso considera importante revisar el acuerdo, aunque reconoce que revertirlo no necesariamente reducirá las operaciones migratorias federales. «Creo que por esa razón también hay que revisar el acuerdo, aunque no creo que revertir esto tenga un impacto en bajar esa actividad, pero sí creo que va a enviar un mensaje de apoyo a la comunidad», señala.
La concejal refiere que los cambios en las políticas migratorias federales han dificultado que algunos migrantes continúen sus procesos para obtener un estatus legal en EE. UU. A su lectura, algunas opciones se han cerrado y también han provocado situaciones que las cataloga como violaciones al debido proceso.
«Todas las modificaciones de leyes que han sucedido desde que cambió la administración han impactado la viabilidad de las personas migrantes que tengan casos, que puedan seguir un camino para obtener un estatus permanente porque se les ha hecho bastante difícil, les han bloqueado opciones y hemos visto, en mi opinión, violaciones al debido proceso», señala.
Revisar las políticas migratorias
Al ser consultada si dentro del partido ella ha recibido críticas por cuestionar el acuerdo del ICE, afirma que «no» y que, de hecho, menciona que congresistas republicanos del sur de Florida también han solicitado cambios en las leyes migratorias y han expresado preocupación por la situación de los inmigrantes.
«Yo creo que hasta el presidente Donald Trump ha dicho que tal vez los enforzamientos (operativos) han sido demasiado fuertes, estoy de acuerdo con él, creo que por eso es que de nuevo tenemos que tener estas conversaciones y tratar de apoyar a nuestra comunidad lo más que se pueda, aunque sea simbólicamente, pero creo que esto va a ser un tema bastante importante en los próximos dos años», plantea.
La concejal insiste en que en un principio respaldó el acuerdo de Doral porque las autoridades municipales recibieron la indicación de que debían cumplir con la legislación estatal. Ahora señala que, si las interpretaciones legales han cambiado, el gobierno local debe volver a evaluar su posición.
«Si eso ha cambiado, pues tenemos que apoyar a nuestra comunidad, no seguir en esto, pero yo sí siempre voy a recomendar seguir las leyes», asevera.

Porras, quien continúa siendo republicana, sostiene que el debate sobre el impacto de las políticas migratorias no se limita a un partido político. «Creo que todos los oficiales electos, republicanos, demócratas, están de acuerdo de que algo se tiene que hacer, que están siendo muy injustos estos enforzamientos y que hay que llegar a un punto medio que no sea tan radical», sostiene.
Finalmente, sobre su reelección, la concejal de origen nicaragüense expresa sentirse orgullosa por el trabajo realizado y agradecida con los residentes que le dieron nuevamente la oportunidad de ocupar el cargo.
«Sabíamos que íbamos a tener una contienda bastante reñida porque no solamente era por lo que estaba sucediendo en la comunidad, porque también teníamos a casi todos los oficiales electos de la ciudad de Doral en contra de mi campaña. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad de poder servir de nuevo y vamos a continuar adelante con el trabajo que se ha hecho en la comunidad, de mejorar nuestra calidad de vida, mantener una ciudad segura y claro, proteger a nuestras comunidades», concluye.