La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua garantizar la vida, la integridad y la libertad de Elvia Junieth Flores Castillo, quien permanece desaparecida junto a una de sus hijas menores de edad desde marzo de 2025. La mujer denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de Daniel Ortega cuando tenía 15 años.
Flores Castillo, de 37 años, y sus dos hijas menores de edad cumplen más de un año y medio desaparecidas, sin que se conozca públicamente su paradero ni existan informes oficiales sobre las condiciones en que se encuentran las niñas. El caso fue catalogado como de extrema vulnerabilidad por el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que también advirtió que no existen registros de procesos judiciales en Nicaragua relacionados con ella.
Lea también: El 27.8 % de los presos políticos en Nicaragua son indígenas y de la Costa Caribe, según recuento
En una resolución publicada este miércoles, la Corte IDH dictó medidas provisionales para proteger a la mujer y a sus hijas, identificadas con las iniciales C.M.F. y M.M.F. El tribunal exigió al Estado nicaragüense informar de manera oficial e inmediata sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran.
Además, ordenó levantar cualquier medida que encubra el paradero de Flores Castillo y de su hija de 13 años, o que restrinja su libertad y su integridad personal.
Corte IDH exige reunificación de madre e hijas
La resolución también ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la reunificación de Flores Castillo y su hija de 13 años con la menor de 8 años, quien permanece separada de su madre.
Según los representantes de las víctimas, Flores Castillo y su hija mayor fueron sacadas de su vivienda por agentes estatales el 21 de marzo de 2025. Desde entonces, se desconoce su paradero.
En el caso de la niña de ocho años, los representantes denunciaron que permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia permanentes de agentes estatales, sin acceso de sus familiares y sin asistir a la escuela desde hace aproximadamente dos años.
La última información disponible sobre la menor data de mayo de 2026. Desde entonces, toda comunicación habría sido bloqueada, según los denunciantes.
Ante esta situación, la Corte IDH ordenó al Estado poner fin al aislamiento de la niña y garantizarle acceso a educación, salud, actividades recreativas y atención psicosocial.
Madre de Elvia Junieth denunció su desaparición
La desaparición de Flores Castillo y sus hijas también fue denunciada públicamente por su madre en el mes de julio de este 2026. Elpidia Castillo hizo un llamado para conocer el paradero de su hija y sus nietas. Su testimonio fue difundido en julio por la cuenta de TikTok «La Voz de una Madre Nicaragüense».
El caso fue incluido por la Asociación de Memoria y Justicia en el registro de 60 personas presas políticas contabilizadas hasta julio de 2026. De ese total, 23 se encontraban en condición de desaparición forzada, es decir, sus familiares desconocían su paradero y no podían verificar su situación.
La inclusión de Flores Castillo en ese registro evidencia la preocupación de las organizaciones por la falta de información sobre su situación. Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, tampoco existen registros de procesos judiciales en Nicaragua sobre ella ni informes oficiales acerca del estado de sus hijas.
Hasta la información aportada por los denunciantes, el Estado nicaragüense no había respondido públicamente a las denuncias sobre la desaparición de la mujer y las menores.
Denunció presunto abuso sexual cuando tenía 15 años
El caso se remonta a las denuncias de violencia sexual que Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de Elvia Junieth y abogado de profesión, formuló contra Daniel Ortega por presuntos abusos cometidos contra ella en 2005, cuando tenía 15 años.
En 2017, Elvia Junieth denunció ante medios internacionales que se encontraba retenida en una casa, mientras su hermano permanecía encarcelado por el régimen nicaragüense. Cuatro de sus hermanos respaldaron públicamente las denuncias durante una conferencia en la que se expuso su situación de cautiverio.
Santos Sebastián Flores Castillo fue condenado en 2013 a 15 años de prisión, en un proceso que sus representantes consideran una represalia por las denuncias contra Ortega.
El abogado murió el 8 de noviembre de 2021 mientras permanecía bajo custodia estatal en el centro penitenciario La Modelo. El régimen atribuyó su muerte a un supuesto suicidio.
Las denuncias también señalan que las dos niñas serían hijas biológicas de Ortega y que Néstor Moncada Lau, exasesor del mandatario, habría figurado como padre legal. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de los denunciantes.
Nicaragua mantiene desacato ante la Corte IDH
Las medidas provisionales fueron dictadas en el marco de un caso que la Corte IDH tramita por la presunta persecución contra Santos Sebastián Flores Castillo y su familia, a raíz de las denuncias de violencia sexual contra Ortega.
Nicaragua se encuentra en desacato ante la Corte IDH desde 2022, después de negarse a cumplir resoluciones que ordenaban liberar y proteger la vida y la salud de más de un centenar de opositores encarcelados.
Lea además: Ortega y Murillo retiran a cónsules generales de Miami y Filadelfia
Desde entonces, el Estado nicaragüense ha mantenido su negativa a cumplir las órdenes del tribunal y no acredita representantes para participar en sus audiencias.
Con las nuevas medidas, la Corte IDH exige al Estado esclarecer el paradero de Flores Castillo y sus hijas, garantizar la protección de las menores y hacer efectiva la reunificación familiar. Sin embargo, la ejecución de estas disposiciones depende de que Nicaragua cumpla las órdenes del tribunal interamericano.
