El abogado Harry Valle Palacio cumple dos meses sin defensa técnica en el proceso penal que se le abrió hace casi un año por supuesto ciberdelito en los Juzgados de Matagalpa. Eso ocurre, a pesar de que el Código Procesal Penal de Nicaragua establece que, ante la renuncia de un defensor, la jueza Maribel Parilla debe asignarle otro de oficio después de que el acusado no lo hizo en los tres días siguientes a la dimisión.
Valle es un abogado matagalpino que alcanzó notoriedad pública en 2022 cuando participó como defensor de monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, condenado a 30 años por la dictadura por el supuesto delito de abuso sexual. El jurista fue objeto de críticas posteriormente por sus declaraciones de respaldo al régimen y por amenazar con acciones legales a medios de comunicación que cuestionaron su actuación profesional, amparado en la Ley Especial de Ciberdelitos, con la que finalmente terminó procesado.
Lea también: Maestra de Nagarote y otros cuatro admiten tráfico de drogas y podrían recibir hasta 15 años de prisión
En noviembre de 2025, Valle decidió exiliarse tras la acusación en su contra. La imputación surgió cuando aún era defensa de una joven cajera en Matagalpa, acusada por un robo millonario en perjuicio de la empresa de remesas Air Park International. La Fiscalía lo señaló de dirigir una campaña de desprestigio contra las víctimas en el caso, incluso por exigir al entonces juez Bernardo Morales —ahora caído en desgracia— que un tribunal juzgara a la imputada.
Valle dijo a LA PRENSA anteriormente que el régimen lo convirtió en objetivo de persecución y lo obligó a empezar de cero en el exilio a sus 34 años. Rechazó haber mantenido una relación cercana con la familia dictatorial, pese a su adulación a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Explicó que, en muchas ocasiones, mostró simpatía política, porque consideraba que esa era la única forma de obtener resultados para sus clientes en un sistema judicial subordinado a los dictadores.
En indefensión
Su indefensión nació el 28 de julio, cuando su primer abogado, Juan Rafael Áreas Vega, renunció a representarlo. El penalista argumentó que existían «graves desavenencias» con su cliente.
«El licenciado Juan Rafael Áreas Vega renuncia a la defensa del imputado Harry Antonio Valle Palacio, alegando que existen graves desavenencias entre las partes, por lo que se le hace imposible continuar como abogado defensor técnico material en el proceso», reza la resolución.
Lea además: Sin dinero ni drogas: hombre es asesinado durante negociación por dos kilos de cocaína
Desde entonces, se quedó sin abogado, pese a que el artículo 4 del Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua establece que el derecho a la defensa técnica es una garantía constitucional absoluta e irrenunciable que debe asegurar el juez en todo momento, aunque el acusado no esté detenido. Tiene vigente una orden de captura.
El artículo 105 del CPP define que «si el defensor abandona la defensa y deja a su defendido sin abogado, se procederá a su inmediata sustitución por un defensor público, o de oficio, según corresponda, en la forma señalada en los artículos anteriores, hasta que el acusado designe a quien haya de sustituirle». Pero en el caso de Valle no nombró en su momento y tampoco la jueza designó a alguien de oficio.
Pide se archive su caso
Valle no ofreció comentarios para esta nota, pero en una conversación anterior pidió que se archive su caso, el cual considera fue motivado por «represalias contra su trabajo como defensor».
Así, Valle solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia revisar su expediente y poner fin a un proceso que considera injusto. Señaló entonces que, en todo caso, quien debería asumir su responsabilidad por divulgar noticias durante un juicio es el judicial que autorizó el ingreso de los medios de comunicación.
Puede leer también: Hombre que ahorcó a su perro en Bluefields queda en libertad tras multa de casi C$14,000
«Pido a las autoridades superiores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se revise el caso donde la Fiscalía me acusó de noticias falsas cuando yo no hice ni edité ninguna noticia, ni divulgué, porque no soy periodista ni medio de comunicación», manifestó Valle.
La CSJ es presidida por la magistrada del FSLN, Ana Julia Guido, sancionada por Estados Unidos por dirigir un equipo cuando fue fiscal general que fabricaba expedientes contra adversarios políticos del régimen. Tampoco existe la independencia de poderes, porque todos son coordinados por el Ejecutivo, según la reforma constitucional aprobada en 2025.
