La decisión de la Fiscalía de Costa Rica de suspender esta semana la investigación que buscaba identificar al autor intelectual del crimen del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, “es inaceptable” para su viuda. Claudia Vargas insiste en que “identificar a quienes ejecutaron el asesinato no es suficiente”.
El 19 de junio de 2025, Samcam se encontraba en su residencia en el sector de Moravia en San José, Costa Rica, cuando un sicario le disparó. Crítico de Ortega, el militar en retiro era una fuente que solía hablar con frecuencia sobre temas de seguridad en los medios en el exilio. Quince meses después de su asesinato, la Fiscalía de costarricense supendió la investigación bajo el alegato de que no hay elementos «suficientes» para indentificar quien ordenó el crimen.
Su caso se convirtió en uno de los emblemáticos de la represión transnacional, ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un mecanismo que se extiende en al menos cuatro países, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Cuando conoció la decisión de que Costa Rica no iba a buscar a los autores intelectuales del asesinato de su marido, usted expresó que “es inaceptable”, ¿cuáles son sus valoraciones?
Es inaceptable porque identificar a quienes ejecutaron el asesinato no es suficiente. Necesitamos saber quién lo ordenó, quién lo planificó, quién lo financió. Quiero reconocer los avances del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la investigación, en la identificación de los presuntos responsables materiales, pero la justicia no puede detenerse ahí. Estamos frente a un crimen de una gravedad enorme. La Fiscalía tiene que regresar a la hipótesis de la represión transnacional.
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¿Qué ocurre?, ¿qué considera usted que hay de fondo para que Costa Rica no continúe la investigación?
No quiero especular sobre las razones de la Fiscalía. Lo que sí quiero decir es que necesitamos conocer qué diligencias se realizaron, qué faltó por hacer, qué quedó pendiente y si se agotaron todos los mecanismos de cooperación nacional e interinstitucional y en los mecanismos de cooperación internacional disponibles.
Investigar la posible participación de las estructuras vinculadas a un poder político extranjero representa un desafío complejo, no una investigación de 15 meses que se descarta y ya. La represión transnacional no solo amenaza la vida de las personas exiliadas, también compromete la soberanía, la seguridad y el Estado de derecho del país donde están ocurriendo estos crímenes.
¿Cómo impacta la decisión costarricense a la viuda y a una familia que perdió a uno de sus pilares?
El asesinato de Roberto transformó profundamente nuestras vidas. No perdimos solamente un esposo y un padre, perdimos a una persona que era fundamental en nuestra vida cotidiana. Era algo importante y un pilar fundamental dentro de nuestro afecto y nuestro proyecto, y hemos tenido que aprender a vivir con su ausencia, a convertir su ausencia en memoria.
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Nosotros perdimos a un padre dedicado, a un esposo amoroso, pero el país perdió también… Recibir esta noticia significa enfrentar, no solamente como familia, sino como comunidad exiliada. La impunidad lo único que está es mandando un mensaje de que se puede continuar haciendo atentados, que se puede continuar asesinando a gente en Costa Rica.
¿Tenía la esperanza de que la justicia costarricense resolviera el caso o no?, ¿por qué?
Sí, y sigo teniendo esperanza en la justicia costarricense. Nuestra expectativa siempre ha sido que la investigación permita esclarecer toda la cadena de responsabilidades. Vamos a estar aquí exigiendo que las instituciones utilicen todos los recursos disponibles para cumplir con su responsabilidad y que se agote todo lo que se tenga que agotar dentro de los mecanismos y procedimientos que establece la ley.
¿Cree que esta decisión de las autoridades de Costa Rica desalienta a quienes buscan justicia?, ¿por qué?
Por supuesto que puede generar desaliento, especialmente a las personas que hemos sobrevivido a la persecución política y que estamos aquí refugiados en Costa Rica. El mensaje es que quienes ejecutan el crimen sí pueden ser identificados, pero quienes lo ordenan, quienes lo planifican, pueden permanecer en la impunidad y es un mensaje muy negativo para la comunidad exiliada, pero también para Costa Rica de manera general. Y muchísimo más grave cuando hablamos de posibles actos de represión transnacional.
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¿Qué pasa con los exiliados?, ¿ya no pueden salir de sus casas por miedo a que les puedan hacer algo?, ¿usted tiene miedo de salir?
Yo no puedo afirmar que todas las personas exiliadas vivamos de la misma manera ni que todas enfrentemos el mismo nivel de riesgo. Aunque sí quiero respetar la percepción de miedo de cada una de nosotras porque es real. Cada quien vive su miedo desde las herramientas que tiene disponibles que lo hacen más vulnerable o menos vulnerable. Lo que sí sabemos es que las amenazas son reales y que requieren respuestas institucionales, medidas de protección y mecanismos de prevención.
Yo he tenido que incorporar mayores medidas de precaución o de seguridad en mi vida. He estado intentando de todas las maneras que el miedo no se convierta en el principio que organice mi existencia. He resignificado el duelo y el miedo. Los exiliados que venimos a Costa Rica buscando protección y seguridad tenemos el derecho de seguir con nuestra vida, poder hacer cosas cotidianas como salir con las amigas, tomarte un café, caminar por el parque, hacer ejercicio al aire libre, anotarte en una caminata al bosque.
¿Qué procede ahora?, ¿qué más se puede hacer?
La familia, junto al equipo legal, estamos valorando la vía jurídica disponible de esta decisión y las posibilidades. Consideramos fundamental conocer los alcances de esta resolución, determinar qué líneas de investigación quedaron pendientes y examinar las posibilidades de una cooperación internacional. Nosotros no nos vamos a conformar con esperar pasivamente a que aparezcan nuevas pruebas. No deberían Costa Rica y la Oficina de Investigación Judicial trasladarnos a nosotros el peso de una investigación transnacional como esta.
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¿Usted va a elevar el caso a instancias internacionales?, ¿cuáles?
Sí, vamos a elevar el caso a instancias internacionales. Primero queremos agotar todas las vías posibles en Costa Rica. Hasta el momento no están agotadas todas. Hemos pensado en otros foros internacionales, pero todavía no podemos irnos de Costa Rica.
¿Siente que la justicia costarricense le está cerrando las puertas?, ¿por qué?
No quisiera ser categórica al afirmar que todo el sistema de justicia costarricense nos está cerrando las puertas. Sería desconocer los avances alcanzados en la investigación durante la primera etapa, durante todos estos primeros meses del asesinato de Roberto y que nos llevó a apresar a los presuntos responsables materiales, que estableció algunas líneas que llevaban autoría hacia Nicaragua, que logra establecer y reivindicar el perfil de Roberto y decir que fue asesinado por su trabajo político.
Sí considero que esta decisión representa un retroceso preocupante en la búsqueda de la autoría intelectual y un estancamiento en la investigación y reconocer una vez más que Costa Rica ha sido un país de acogida y protección para miles de personas nicaragüenses. Investigar hasta esclarecer quién ordenó el asesinato de Roberto es también una manera de defender la soberanía de Costa Rica y la seguridad de todas las personas que vivimos en su territorio.
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¿Viven usted y su familia en estado de alerta?
El asesinato de Roberto cambió nuestras vidas para siempre. Hay una ausencia que nos acompaña todos los días. Hemos trabajado muchísimo el duelo, esa ausencia del esposo y del padre. Y creo que el amor de Roberto nos ha sostenido. Aprendimos que ese tránsito del duelo nos regresa siempre a la vida. Convertimos todos los recuerdos de Roberto en memoria y podemos hablar de él y reírnos con sus anécdotas, con la historia de la vida cotidiana y eso es lo que nos deja. Recordarlo nos pinta siempre una sonrisa. Eso ha sostenido a mis hijos y a mí.
No vivimos en un estado de alerta, nosotros hemos intentado por todos los medios retomar la vida cotidiana. Nos hemos negado a que el asesinato de Roberto reduzca nuestra existencia al miedo, al dolor. Eso no quiere decir que no nos estemos cuidando, pero tratamos de vivir en paz. Nos negamos rotundamente a que el asesinato de Roberto reduzca nuestra existencia al miedo o al dolor. Eso sería también darle una victoria a la dictadura y decir que nos robaron cosas que son esenciales para poder seguir con la vida. No vamos a permitir que quienes arrebataron la vida de Roberto también se apropien de la nuestra.
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Antes de concluir la entrevista, la Vargas dice que no quiere que la historia de su esposo se reduzca únicamente a la forma en la que lo asesinaron, porque los motivos por los que fue ultimado son los que lo “hacen más grande”. Sostiene que lo ocurrido con Roberto Samcam “no puede ser tratado únicamente como una tragedia familiar”. Añade que es algo que le pasó tanto a Nicaragua como Costa Rica y la comunidad exiliada.
Considera que continuar con las investigaciones sobre el crimen contra su esposo hasta llegar a los responsables intelectuales es una forma de “reivindicar a otras víctimas que no tienen el mismo perfil de Roberto”. Menciona el asesinato del opositor nicaragüense Rodolfo Rojas Cordero en Honduras, el de Jaime Ortega Chavarría y los atentados contra Joao Maldonado, Nadia Robleto y Reinaldo Picado en Costa Rica. “Nuestra familia va a seguir exigiendo que se investigue toda la cadena de responsabilidad. Estamos buscando que se haga justicia”, recalcó.
