Especialistas en temas de inmigración, activistas políticos y defensores de derechos humanos, consideran que la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estado Unidos, de ordenar a los jueces de inmigración que nieguen el asilo a ciudadanos de la Unión Europea (UE), no debe aplicarse a los nicaragüenses que recibieron la nacionalidad española, ya que ellos optaron por este beneficio para resolver la situación de apatridia en la que los dejó el régimen Ortega Murillo después de expulsarlos del país y quitarles la nacionalidad nicaragüense.
«La persecución política se resuelve con el asilo en un país seguro como los Estados Unidos, donde los Ortega Murillo tienen miedo de usar sus largas manos. Pero la apatridia solo se resuelve con otra nacionalidad… Si esa posibilidad existiera en los Estados Unidos hubiéramos pedido la nacionalidad aquí», asegura uno de los nicaragüenses beneficiados con la nacionalidad española que está esperando respuesta a su solicitud de asilo y por temor consecuencias prefiere no identificarse.
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La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) emitió el viernes 9 de octubre una decisión que establece que, los jueces de inmigración, por regla general, deben denegar las solicitudes de asilo de ciudadanos de países altamente desarrollados y democráticos que respetan y protegen los derechos humanos. El criterio también establece una presunción de inelegibilidad para una concesión discrecional de asilo a ciudadanos de la Unión Europea (UE), debido a que pueden residir legalmente en cualquiera de sus Estados miembros.
España ofreció respuesta inmediata a la apatridia
La resolución generó preocupación entre un grupo de exiliados nicaragüenses, que recibieron recientemente la nacionalidad española y mantienen abierto un proceso de asilo en territorio estadounidense. La principal interrogante es si podrán continuar con sus solicitudes de protección pese a contar con ciudadanía de un país europeo.
Muchos de los que enfrentan el temor de que sus solicitudes de asilo sean rechazadas, forman parte del grupo de los 222 presos políticos que, tras negociaciones del Departamento de Estado, llegaron a Estados Unidos en febrero de 2023, después que la dictadura Ortega Murillo los liberó para luego desterrarlos, quitarles la nacionalidad y confiscarles sus bienes. Pocos días después el régimen publicó una lista de 94 nicaragüenses a los que también les quitaron la nacionalidad y confiscaron sus bienes.
En respuesta a esta acción, España ofreció la ciudadanía a los afectados por la pérdida de la nacionalidad. A finales de marzo de 2023, al menos 81 personas habían aceptado la oferta, según la información difundida en ese momento. Pero la lista de desnacionalizados siguió creciendo, en septiembre de 2024 otro avión salió de Nicaragua con 135 presos políticos, a los que además de desterrarlos también les quitaron la nacionalidad.
Aceptaron oferta de España para resolver su apatridia
Entre los que han aceptado la nacionalidad española para solucionar su situación de apatridia, hay exdiplomáticos, exfuncionarios estatales, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, dirigentes políticos y sociales, políticos, periodistas, académicos, estudiantes y empresarios.
Aunque prefieren no mencionar sus nombres, aseguran que aceptar la nacionalidad española representó para ellos la única alternativa para recuperar derechos y obtener documentación después de que el régimen los privara de su ciudadanía nicaragüense.
«Los nicaragüenses afectados por la desnacionalización no necesariamente obtuvieron la ciudadanía española porque consideraran que España era su destino definitivo. En muchos casos, la nueva nacionalidad surgió como una vía para recuperar derechos, obtener documentación y reconstruir su vida después de que el régimen nicaragüense los privara de su nacionalidad», comentó un activista de derechos humanos en condición de anonimato.
Félix Maradiaga: La decisión no resuelve todos los casos
El exreo y dirigente político Félix Maradiaga, que permanece en condición de apatridia pese a las ofertas de nacionalidad que ha recibido, se refirió al alcance de la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Maradiaga, director de la Fundación Libertad, recordó que los 222 nicaragüenses expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 quedaron en una situación jurídica particular, pues el régimen los despojó de su nacionalidad el mismo día de su llegada a Estados Unidos.
«Respecto a los 222 nicaragüenses expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, hay una circunstancia particular. Fuimos trasladados a Estados Unidos y, ese mismo día, el régimen nos despojó de la nacionalidad nicaragüense. No adquirimos una segunda nacionalidad como parte de ese proceso: quedamos en condición de apatridia», recordó.
Crear condiciones para evitar la migración
Maradiaga señaló que la decisión de la BIA no menciona expresamente a los 222 nicaragüenses expulsados y desnacionalizados en 2023, por lo que considera necesario distinguir su situación de la de quienes posteriormente adquirieron una segunda nacionalidad.
«La decisión de la BIA (Board of Immigration Appeals o Junta de Apelaciones de Inmigración) se refiere a personas nacionales de determinados países que considera seguros. Nicaragua no figura entre ellos. Por tanto, el texto no establece una presunción automática contra los 222. La apatridia y las circunstancias de nuestra expulsión hacen que nuestros casos deban analizarse cuidadosamente, pero la decisión no resuelve de forma expresa cómo se aplica a ese grupo. La valoración de cada caso corresponde a los jueces y a los abogados especializados», explicó.
Maradiaga admitió que la decisión de la BIA refleja el endurecimiento de las condiciones para quienes buscan protección en Estados Unidos. La decisión «refleja un contexto cada vez menos favorable para quienes buscan asilo en Estados Unidos. Las reglas se endurecen y el espacio para la protección humanitaria se reduce. Es una tendencia que preocupa, aunque sus efectos concretos dependerán de cómo se interprete y aplique la decisión».
Nacionalizados españoles temen que rechacen sus solicitudes
El opositor concluyó que la solución a la migración forzada también requiere cambios políticos en Nicaragua y condiciones que permitan a los ciudadanos vivir sin persecución.
«Nadie debería verse obligado a abandonar su país por razones políticas o económicas. Si Estados Unidos y otros países democráticos quieren contribuir a reducir la migración forzada, deben ayudar a crear condiciones para que los nicaragüenses puedan vivir con libertad y seguridad en su propio país. Sin libertad en Nicaragua, muchos seguirán buscando protección en el exterior», concluyó Maradiaga.
Otro de los beneficiados con la nacionalidad española, que también opina en condición de anonimato, expresa que la decisión del tribunal no aborda de manera expresa las circunstancias particulares de quienes obtuvieron otra ciudadanía después de quedar apátridas.
«La reciente resolución contempla la no persecución sistemática en los países europeos pero no regula casos como el de los nicaragüenses afectados por dos causales: grave persecución por razones políticas y apatridia», comentó y también lamentó que Estados Unidos no ofrezca ninguna fórmula para superar la apatridia a pesar que el derecho consuetudinario internacional considera que todas las naciones están obligadas a resolverla.
Especialista advierte sobre posibles consecuencias
Los consultados coinciden en que los nicaragüenses beneficiados con la nacionalidad española no necesariamente la buscaron como una alternativa para abandonar su solicitud de asilo estadounidense, sino como la única solución accesible para resolver la apatridia que enfrentaron después de la decisión del régimen Ortega Murillo.
Ronmell López, especialista en leyes migratorias de Estados Unidos y activista de derechos humanos, considera que desde el punto de vista legal, la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, podría perjudicar a los nicaragüenses que ya adquirieron la nacionalidad española y mantienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos.
«Podría perjudicar a los nicaragüenses que ya adquirieron la nacionalidad española y tienen una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos…al considerar que cuentan con una alternativa de protección en Europa», señaló.
Tomar en cuenta las condiciones de cada caso
No obstante, López subrayó la importancia de distinguir entre quienes solamente solicitaron la nacionalidad española y quienes ya la adquirieron. También aclaró que la resolución no significa que todos los afectados serán deportados automáticamente ni que las autoridades deban enviarlos necesariamente a Nicaragua. También recomendó revisar cada caso de forma individual.
«Como activista de derechos humanos y especialista en inmigración, me preocupa que la protección ofrecida por España pueda convertirse en un obstáculo para quienes buscan asilo aquí. Por eso, cada caso requiere revisar la situación de la nacionalidad y la etapa del proceso migratorio», agregó.
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«Los nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad pero siguen siendo blanco del crimen transnacional, tal como han documentado los organismos de derechos humanos y particularmente el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que considera que España, igual que otros países, no es un lugar seguro para los opositores nicaragüenses, por tener evidencias de acoso, atentados y persecuciones en su territorio por parte de agentes del régimen de los Ortega Murillo», concluyó otro de los nicaragüenses nacionalizado español que está esperando respuesta a solicitud de asilo en Estados Unidos y también pidió no mencionar su nombre.
