El presidente del Banco Central de la dictadura, Ovidio Reyes, dijo esta semana a medios de información y propaganda oficialista que las exportaciones de zona franca se redujeron en un 10 por ciento en el último período. Pero aseguró que en general las exportaciones crecieron un 15 por ciento, esto gracias al oro.
Según el principal funcionario económico de la dictadura, la caída en las exportaciones de zona franca se debe a los aranceles del 15 por ciento que el Gobierno de Estados Unidos impuso a Nicaragua, mientras que a los demás países centroamericanos solo fue el 10 por ciento.
Sin embargo, el presidente del Banco Central aseguró que la economía de Nicaragua no deja de crecer. Aunque el PIB no crecerá este año el 4.5 por ciento, como lo había pronosticado él mismo, siempre habrá crecimiento. “Este año —dijo— si crecemos 4.1 por ciento será excelente, si crecemos 4 por ciento será muy bueno, y un 3.5 por ciento será bueno”.
En realidad, como ya lo hemos dicho otras veces, el problema de la crisis de Nicaragua no es económico, sino político. Es la dictadura. A pesar de que por la caída en las exportaciones de zona franca se han perdido más de 22 mil puestos de trabajo, y no obstante que los índices de pobreza siguen siendo altos, la situación económica de Nicaragua no es mala en general, es más o menos igual que la de los otros países del área.
De manera que la preocupación de la comunidad internacional democrática por Nicaragua no es por la situación económica. La preocupación, que ha llegado a ser alarma, es por la crisis política que el país viene sufriendo desde 2018, y que se ha agravado últimamente.
En Nicaragua hay una tragedia de derechos humanos, las instituciones democráticas fueron abolidas por la dictadura de Ortega y Murillo que comete crímenes de lesa humanidad para sostenerse en el poder. Es por eso que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) llamó “Anatomía de la crueldad estatal” al informe que presentó a las Naciones Unidas el martes 22 de septiembre recién pasado.
Está claro que el peor de los males que sufren los nicaragüenses es la dictadura anacrónica y cerril de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no cumple las obligaciones gubernamentales que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derecho internacional.
Es por eso que el próximo 2 de octubre se realizará la reunión extraordinaria de cancilleres de las Américas, que evaluarán la situación de Nicaragua para acordar las medidas que sean necesarias y posibles, a fin de ayudar al pueblo nicaragüense a recuperar su libertad y democracia.
Cabe señalar que la situación de Nicaragua actualmente es en cierto modo parecida, aunque no igual, a la de los años setenta del siglo pasado, en los finales de la dictadura somocista. En aquella época la economía funcionaba bien, incluso mejor que ahora. El problema era político porque el somocismo no permitía la alternabilidad en el poder mediante la celebración de elecciones libres, pluralistas y competitivas.
De manera que el alzamiento popular contra el somocismo, que los sandinistas aprovecharon hábilmente para tomar el poder e imponer otra dictadura, no fue por motivos económicos sino políticos, por la falta de libertad y democracia.
Y por las mismas razones políticas tendrá que terminar algún día, ojalá más pronto que tarde, la actual dictadura sandinista de Ortega y Murillo.
