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Este viernes 11 de septiembre la Carta Democrática Interamericana cumple 25 años de haber sido adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue aprobada unánimemente por los representantes de los 34 países miembros de la Organización, en una Asamblea General Extraordinaria realizada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001.
Nicaragua se convirtió en un Estado parte de la Carta Democrática Interamericana, porque en esa época era miembro efectivo de la OEA. 22 años después, en noviembre de 2023, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacó a Nicaragua de la OEA después de que esta declaró ilegítimas las elecciones fraudulentas de 2021. Pero el Estado nicaragüense sigue obligado a cumplir los preceptos de la Carta Democrática Interamericana, lo mismo que la Convención Americana de Derechos Humanos.
No se puede dejar de recordar que la Carta Democrática Interamericana fue aprobada el mismo día de los grandes ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, y el Pentágono en Washington. Aquellas horrorosas acciones terroristas extranjeras contra EE. UU. y contra la democracia, causaron la muerte de alrededor de 3,000 personas y transformaron profundamente las relaciones internacionales y la política, la seguridad y la sociedad en EE. UU. y a nivel global.
Por aquella funesta razón la aprobación de la Carta Democrática Interamericana pasó desapercibida en el mundo de las noticias políticas. Pero no su significación, que es enorme sobre todo porque cambió la relación —y resolvió la contradicción— entre el principio de derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, con el compromiso institucional, político y moral de defender y hacer valer la democracia y los derechos humanos.
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento del derecho internacional de las Américas y, como tal, establece que los pueblos americanos —del norte, centro, sur y el Caribe y las Antillas— tienen el derecho inalienable e irrenunciable a la democracia, y obliga a los gobiernos a promoverla en cada país y a defenderla colectivamente.
A un gobierno que deja de ser democrático la OEA debe llamarlo a cuentas y, además, tiene que ayudar a liberarse al pueblo que es víctima de una dictadura depredadora de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Este principio de derecho internacional establecido en la Carta Democrática Interamericana de 2001 es tan importante, válido y ejemplar, que cuatro años después, en 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, como una norma de derecho internacional para garantizar que los pueblos estén protegidos contra los delitos atroces que cometen algunos gobernantes. Como son, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Nicaragua y ampliamente documentados por los organismos de derechos humanos de la OEA y de las mismas Naciones Unidas.
Desde la adopción de la Carta Democrática Interamericana por la OEA, y del principio de la obligación de proteger por las Naciones Unidas, la soberanía de los Estados no se debe ver solo como un derecho de control territorial interno, sino también como un deber primordial de cuidar y salvaguardar la libertad, los derechos y la seguridad democrática de los ciudadanos.
La dictadura de Nicaragua, con sus reformas constitucionales y medidas de radicalización totalitaria, como son las de abolir las elecciones democráticas y eliminar definitivamente el derecho de organización y participación política independiente de los ciudadanos, ha endurecido también su reto provocador al sistema de derecho interamericano.
La OEA, ya desde la represión masiva y criminal de la dictadura de Nicaragua contra las protestas ciudadanas de 2018, adoptó distintas resoluciones y creó un Grupo de Trabajo y comisiones de alto nivel para buscar y propiciar soluciones a la crisis política nicaragüense. Pero todos esos esfuerzos fueron inútiles por la intransigencia de Ortega y Murillo y su obsesión dictatorial.
La provocación de la dictadura nicaragüense al sistema interamericano ha llegado a tal extremo que la OEA se ha visto obligada a convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres de las Américas —que deberá realizarse en los próximos días— para examinar la crisis política de Nicaragua y disponer las medidas que se estimen necesarias, razonables y viables.
¿Será capaz la OEA de actuar ahora con energía y eficacia contra la dictadura de Ortega y Murillo, como lo necesita el pueblo de Nicaragua y lo desea la comunidad democrática de las Américas? Los cancilleres de las Américas tendrán la palabra al respecto.
