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Líderes, pastores y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) pidieron este martes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, un día antes de su fin previsto.
Un centenar de religiosos de unas 21,000 iglesias repartidas por 36 estados del país se reunieron en Washington para expresar su respaldo a quienes a partir de este 9 de septiembre quedarán expuestos a la deportación.
«Estamos sumamente preocupados por el estado emocional de nuestras comunidades salvadoreñas, porque mañana se cumple el término del TPS», dijo a la prensa el presidente de la Cepa, Ángel Marcial, quien insistió en que todos son «compañeros de todos los perjudicados».
El obispo reiteró en que el fin del beneficio migratorio para más de 170,000 salvadoreños en EE.UU. afecta también a sus familias, y especialmente a sus hijos, que han nacido en el país durante los 25 años de vigencia del programa.
«La comunidad salvadoreña tiene 150,000 niños ciudadanos de Estados Unidos. Estamos pidiendo que reconsideren parar el TPS, o que den más tiempo para que las familias se puedan preparar», indicó Marcial.
El pastor salvadoreño William Rodríguez, quien llegó a la capital estadounidense en representación de iglesias del sur de California, Nevada y Hawái, advirtió que la pérdida de la protección temporal significa que estas personas también perderán sus permisos de trabajo.
«Representa la posibilidad de ser deportados», alertó.
Jacqueline Fuentes, la hija del pastor Marco Fuentes, detenido por agentes de inmigración en Indiana el pasado 17 de agosto, exigió la liberación de los que, como su padre, han sido arrestados y que estos sean devueltos a sus familias.
«Estamos siendo afectados por las decisiones de detener (a inmigrantes) y separar familias. Somos personas trabajadoras. Aunque mi familia no tenía documentos legales, ha pagados sus impuestos y no están siendo una carga para este país», resaltó la joven ciudadana estadounidense.
En una carta dirigida a Trump y miembros de su Gabinete, los miembros de la Confraternidad recordaron que «los salvadoreños beneficiarios del TPS aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía de los EE.UU. y pagan cerca de 1.500 millones de dólares cada año en impuestos federales, estatales y locales».
«Oramos para que consideren no solo lo que es legalmente permisible, sino también lo que es humano, compasivo y responde a los mejores intereses de nuestra nación», agrega la misiva.
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Trump regresó al poder en enero de 2025 bajo la promesa de deportaciones masivas y el recrudecimiento de sus políticas de mano dura contra la inmigración.
Junto al fin del TPS para ciudadanos de El Salvador, la Administración republicana también ha terminado el beneficio de países como Haití, Venezuela y Afganistán.
«Otra de las situaciones que nos preocupa mucho es la comunidad de nuestros hermanos haitianos que están sufriendo desesperadamente por esta crisis», insistió el presidente de la Cepa durante la rueda de prensa.
