El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a la ciudadana nicaragüense Iradia de los Ángeles Campos de Umanzor, tras declararla penalmente responsable del delito de defraudación al fisco, en la modalidad de evasión de impuestos, en perjuicio de la hacienda pública.
Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso el pago de US$4.29 millones, más intereses, en concepto de responsabilidad civil.
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La información fue divulgada por Centros Judiciales El Salvador, que detalló que la pena de prisión se hará efectiva una vez que Campos de Umanzor sea capturada, debido a que enfrentó el proceso judicial en calidad de ausente.
Ante esta situación, el juez ordenó su captura y el tribunal solicitará a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) los requerimientos correspondientes para su localización a nivel internacional, incluida la difusión roja.
Fiscalía señala evasión de tributos entre marzo y diciembre de 2021
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Campos de Umanzor incurrió en la evasión de tributos cuando se desempeñaba como representante legal de una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos agrícolas.
Una pericia financiera estableció que la procesada habría realizado acciones deliberadas e intencionales para evadir el pago de tributos al Estado de El Salvador.
Según las investigaciones, omitió presentar las declaraciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2021.
El caso fue llevado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que determinó su responsabilidad penal por defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos.
Fue absuelta por otro cargo de evasión fiscal
Dentro del mismo proceso judicial, la ciudadana nicaragüense también enfrentaba otro cargo relacionado con evasión fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de 2018. Sin embargo, en este caso fue absuelta debido a insuficiencia probatoria.
La condena de ocho años de prisión corresponde al delito por el cual el tribunal determinó su responsabilidad penal, mientras que la obligación de pagar US$4.29 millones más intereses corresponde a la responsabilidad civil establecida en la sentencia.
Solicitarán difusión roja de Interpol
Debido a que Campos de Umanzor no estuvo presente durante el proceso judicial, la ejecución de la pena quedó condicionada a su captura.
El juez ordenó su detención y el Tribunal Segundo de Sentencia solicitará a Interpol los requerimientos necesarios para localizarla internacionalmente.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la difusión roja, mecanismo utilizado para solicitar la localización y detención provisional de una persona buscada, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
Aparece en registro del Ministerio de Agricultura
La ciudadana nicaragüense también aparece en un registro oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de personas autorizadas para la importación de productos vegetales.
El registro hace referencia a una “Autorización fitosanitaria de importación de productos y subproductos de origen vegetal vía terrestre”.
El documento señala como objetivo la protección del estatus fitosanitario del país mediante la emisión de autorizaciones de importación y controles cuarentenarios.
Sobre evasión fiscal
El portal de jurisprudencia salvadoreña señala que la evasión de impuestos puede cometerse tanto por acción como por omisión.
Según esta explicación, el delito puede configurarse cuando el contribuyente impide que el fisco conozca de manera completa los hechos gravados, lo que puede derivar en una declaración alejada de la realidad y, por consecuencia, en el pago de un monto menor al que corresponde.
Esta mecánica puede culminar con la incorporación de información falsa en la declaración tributaria.
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Según Infobae, entre los supuestos en los que no se exige agotar previamente la vía administrativa se encuentran determinadas conductas contempladas en el Código Penal.
Entre ellas están: no llevar los libros o registros contables exigidos por la ley; mantener doble o múltiple contabilidad o facturación; declarar información falsa; destruir u ocultar documentos necesarios para determinar obligaciones tributarias; no presentar tres o más declaraciones tributarias pese a haber realizado operaciones gravadas; y respaldar costos, gastos o compras mediante contratos falsos o inexistentes.
Cuando se presentan estas situaciones, el cálculo del impuesto declarado no corresponde con la realidad y el monto determinado resulta inferior al que legalmente debería pagarse.
